La Audiencia de Las Palmas dejó ayer visto para sentencia un juicio contra un policía local de la capital grancanaria al que la Fiscalía y la abogada Idoia Mendizábal acusan de falsear dos multas de tráfico para perjudicar a una conductora. La víctima de esos posibles delitos es la mujer del presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Miguel Ángel Parramón, que declaró en la vista oral como testigo y confirmó las supuestas irregularidades del agente en la segunda de las denuncias interpuestas contra su esposa. "Le dijo con mucha agresividad que le sonaba su cara y que la iba a multar", testificó el magistrado durante la vista oral, que duró cuatro horas y se celebró ante la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, con Emilio Moya como presidente del tribunal.
Los hechos que presenció el juez ocurrieron el 4 de noviembre de 2014. Parramón acompañó a su compañera a dejar los niños en el colegio, porque esta tenía miedo de que el agente la volviera a multar. Antes, el 23 de septiembre de 2014, su mujer había tenido otro incidente con el mismo policía, Santos G. V., que la había denunciado por dejar el coche sin conductor en la calzada cuando se disponía a dejar a sus hijos en el colegio, así como por desobedecer las indicaciones para que siguiera circulando y no entorpeciera el tráfico, según las declaraciones del acusado.
La afectada denunció ese primer incidente al llegar a su puesto de trabajo en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hizo porque entendía que el agente se inventó lo de la desobediencia y, posteriormente, amplió la denuncia al producirse el segundo desencuentro, pues consideró que el policía fue a por ella con la única finalidad de perjudicarla, en esta última ocasión con Parramón de testigo de los hechos.
El juez explicó al tribunal que en la zona de los Jesuitas los agentes "son permisivos" para que los padres puedan dejar a sus hijos en el colegio. Por eso, tras los dos primeras multas, decidió acompañar a su compañera, que estaba "muy afectada" y "desalada" porque el policía le "había dicho que la iba a volver a multar", aclaró el magistrado. Su esposa se bajó del coche para llevar a los niños, pero volvió y le pidió a Parramón que los dejara él porque el policía estaba en la zona. A la vuelta es cuando surgió el incidente.
El agente, a pesar de que había una fila de vehículos sobre la acera de la vía rápida que conecta con la Avenida Marítima, fue directo hacia el coche en el que esperaba la mujer del juez y le manifestó su intención de multarla, pero al regresar Parramón desistió y ambos se marcharon sin que se les notificara ningún boletín de denuncia. Posteriormente, sin embargo, recibieron una multa por estacionar sobre la Avenida Alcalde Díaz Saavedra, que es la paralela al Palacio de Justicia y la Avenida Marítima.
Dicha denuncia recoge una hora posterior a la que sucedió el incidente, así como un número de identificación anterior a un boletín con que el policía sancionó otro vehículo esa misma mañana. El agente hizo constar, además, que no pudo notificar la infracción porque el conductor se había marchado del lugar. Es en esa última observación, según la Fiscalía y la acusación particular, donde se produce la segunda falsedad del funcionario, porque tanto Parramón como su mujer permanecieron en el coche hasta que dieron por resuelta la discrepancia con el policía y este dejó que se fueran.
El representante del ministerio público, tras la práctica de la prueba, considera que el agente también faltó a la verdad con anterioridad, cuando se produjo el conflicto inicial que motivó la denuncia contra el policía.
La víctima niega que desobedeciera ninguna orden de tráfico porque otro policía la había autorizado a dejar a los niños en la puerta del colegio, tras impedir que estacionara en la acera de la Avenida Marítima y obligarla a dar la vuelta y bajar por la calle de los Jesuitas. Al volver al automóvil, tras aparcarlo en la calzada sin conductor, se encontró con Santos G. V.
El acusado le recriminó la "cola de coches" y le exigió que se arrimara a la parada de la guagua escolar para multarla, pero la perjudicada no estaba conforme y fue a buscar al otro agente. Este asegura que llegó cuando su colega estaba redactando la primera denuncia, pero tras preguntarle lo que había ocurrido decidió no interferir en el trabajo de su compañero .
La conductora admite que dejó 10 o 15 segundos el vehículo sin conductor en medio de la calzada, pero niega que desobedeciera las órdenes dadas por el policía para seguir circulando. Esa segunda denuncia obedece, según la afectada, al hecho de que escribiera en el boletín municipal su disconformidad con la infracción, lo cual motivó una discusión con el policía.
La Fiscalía reclamaba al inicio del juicio tres años y medio de prisión por cada delito, pero modificó sus conclusiones y solicitó sólo cuatro años y medio por un delito continuado de falsedad. La acusación particular sí mantuvo los siete años de cárcel, más otro más por amenazas.
La defensa, en cambio, interesó la absolución al considerar "ciertos" los hechos esenciales de las tres denuncias. El letrado Francisco Mazorra se apoya en la declaración del compañero del acusado y en dos padres del colegio que aseguran haber presenciado los hechos. Ambos sostienen que la mujer desatendió las indicaciones del agente. El abogado también presentó una batería de nulidades, entre ellas que el asunto fuera instruido por Victoria Rosell, quien se apartó voluntariamente de la causa al percatarse de que afectaba indirectamente a Parramón. La Fiscalía descarta que exista un vicio de nulidad en ese sentido. El tribunal dijo que resolverá la cuestión en la sentencia, pero adelantó que tampoco ve nada anómalo porque la juez no fue recusada en ningún momento del procedimiento.
