El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso ayer a España una multa de 3 millones de euros por retrasarse dos años y medio en liberalizar el sector de la estiba, lo que supone una rebaja de más de 21 millones de euros sobre la sanción esperada. "El total que tiene que pagar España por su problema de la estiba son 3 millones de euros", señalaron a Efe fuentes del tribunal sobre la reducción de la sanción respecto a los 27.522 euros diarios exigidos por la Comisión Europea (CE) a tenor de una primera sentencia del 11 de diciembre de 2014.

Los magistrados de la corte de Luxemburgo argumentan la sanción inferior porque "deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del incumplimiento que se le imputa y, en particular, la duración y la gravedad de la infracción". El TJUE no acepta el argumento de Madrid de que el retraso en el incumplimiento obedeciera a "dificultades internas relacionadas con la disolución del Parlamento nacional, con el hecho de que el Gobierno se encontrara en funciones y con la celebración de nuevas elecciones". Pero sí valoran que "España ha demostrado buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión (Europea) durante el procedimiento administrativo previo".

No obstante, el tribunal recuerda que "transcurrieron 29 meses" entre aquella primera sentencia y el decreto ley para reformar el sector de la estiba que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de mayo, de modo que "está justificado imponer al Reino de España el pago de una cantidad a tanto alzado". Así, en una "apreciación equitativa de las circunstancias del caso", la corte fija en 3 millones de euros más las costas procesales.

Fuentes del Ministerio de Fomento precisaron a Efe que se trata de "una rebaja de 21 millones" respecto a los 24 millones de euros de sanción acumulada, pues se esperaba que el tribunal sólo evitase condenar a España a una segunda multa de 134.107,2 euros diarios a la que se enfrentaba por persistir en el no incumplimiento.

El ministro, Íñigo de la Serna, se mostró "orgulloso" por el trabajo realizado por el Ejecutivo junto con la CE para tratar de rebajar la multa. "Se ha puesto de forma definitiva fin al conflicto, se ha acabado con el último monopolio del país y hemos cumplido con nuestra obligación como país", resaltó.

El Gobierno, que ha coordinado la reforma legislativa con la Comisión Europea, redactó un primer decreto ley para liberalizar la contratación en la estiba, que fue rechazado en el Congreso de los diputados el pasado mes de marzo. Sin embargo, la Cámara Baja sí aprobó un segundo decreto el 18 de mayo con los votos a favor PP, Ciudadanos, PNV, UPN y Foro Asturias y la abstención PDECat.

De la Serna declaró que esta aprobación supuso el punto final a "una etapa complicada". Y resaltó que Gobierno y los grupos que apoyaron la iniciativa "cumplieron su obligación política, mandando una señal clara a Europa de que España es un país serio que cumple con sus obligaciones y cumple con las sentencias".

La CE consideró que "lo importante" es que España haya reformado la estiba y no la multa de 3 millones. "Para la Comisión, lo importante es que las autoridades españolas hayan abordado las restricciones a la libertad de establecimiento de los operadores portuarios a través de la reforma adoptada en mayo", declaró el portavoz de Transporte, Enrico Brivio.