La empresa mixta de aguas Emalsa señaló ayer, a través de un comunicado, que "de la gestión de sus socios privados no se desprende, en absoluto, quebranto económico alguno para los intereses públicos". La empresa contesta a las informaciones publicadas en LA PROVINCIA / DLP en las que, tomando el dictamen pericial encargado por el juez que investiga a 15 ejecutivos de la compañía por un presunto fraude societario, se afirma que Emalsa pagó 7,4 millones de euros a su filial Sercanarias en horas extras sin justificar.

La firma, que está participada en un 66% por Saur y Valoriza y en un 34% por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, "condena y lamenta" la difusión del informe de Godoy Auditores, encargado por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Francisco Galván Mesa, por estar "pendiente de ratificación por sus autores ante el juez instructor", lo que para Emalsa, supone un "absoluto desprecio a lo que en sede judicial, sin duda, podrá alegar la compañía".

Emalsa señala, como se ha dicho, que "en repetidas ocasiones, a través de diferentes auditorías realizadas -la mayoría de ellas por encargo del titular del servicio-, se ha puesto en evidencia que de la gestión de sus socios privados no se desprende, en absoluto, quebranto económico alguno para los intereses públicos". Además, argumenta que "por el contrario, sí constituye un importante quebranto económico para los referidos intereses públicos, además de un gravísimo perjuicio para el propio servicio de aguas, el impago continuado de facturas de Emalsa que superan los 26 millones de euros, a los que se habría de sumar más de otros siete millones en concepto de intereses de demora".

El comunicado señala lo que considera un "error de bulto" que es asegurar "que 'Emalsa ha facturado a Sercanarias', cuando en realidad es ésta última quien presta servicios a Emalsa y, por lo tanto, le factura. O que existen 7,4 millones de euros en horas extras (en el servicio de alcantarillado) entre 2008 y 2013. Además de que el Informe Godoy sólo analiza datos entre 2009 y 2012, como corresponde a la petición del juez, esa cifra supondría que Sercanarias sólo paga a sus trabajadores mediante horas extras, lo que resulta manifiestamente absurdo".

La nota se refiere a la afirmación de que el perito pone de manifiesto "13,15 millones de euros de perjuicio para Emalsa" y argumenta que "en ningún lugar del Informe de 2015, ni de su ampliación en 2017, se observa una cifra parecida. Ni siquiera sumando todos los perjuicios inicialmente estimados por el perito en 2015 (4,5 millones euros aproximadamente) podría obtenerse una cifra como esa. Y lo que es más revelador: en su ampliación de 2017 no hay valoración alguna de un presunto perjuicio económico".

Emalsa continúa su escrito con el argumento de que "aunque puede leerse que el perito ha descubierto 3,38 millones de euros de 'excesos de facturación', que se añadirían a los 2,3 millones de euros incluidos en 2015 (único dato cierto), omite que dichos supuestos 'excesos' han sido refutados ampliamente por Emalsa en sus alegaciones y que, en consecuencia, en la ampliación del peritaje de 2017, ningún perjuicio atribuible a estos 'excesos' (ni viejos ni nuevos) se detecta ni se computa".

Quejas de Bolívar

Según la compañía mixta, las informaciones recurren al "mantra de las quejas del exinterventor Bolívar sobre la inexistente resistencia de Emalsa a entregar información. Al punto de adjudicar al Informe Godoy afirmaciones que son autoría de Bolívar -reveladas falsas- y que ni siquiera son reproducidas por dicho informe".

"No cita, sin embargo (y es muy significativo) la rotunda afirmación del informe de 2015 de que, "si corresponde efectivamente al Ayuntamiento la asunción del coste del alcantarillado y no se le repercute por Emalsa en el importe que corresponda, por limitarse al presupuesto municipal sujeto a un contrato desfasado, el coste no repercutido representaría un perjuicio económico para Emalsa" (sic). Como así es, en efecto", añade.

Por último, achaca la "interesada filtración" del informe a "quienes vienen trabajando en el descrédito de los socios de la operadora".