El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una moción del diputado de NC, Pedro Quevedo, para que cree de inmediato un grupo de trabajo entre todas las administraciones para analizar el traslado a una nueva ubicación de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria, y estimar el coste de acondicionamiento del nuevo emplazamiento militar, así como definir las posibles vías para la cesión del espacio actualmente ocupado por la Armada que hagan efectiva la recuperación de esos terrenos para la capital grancanaria. La moción es consecuencia de la interpelación de la semana pasada de Quevedo a la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, en la que ésta asumió el compromiso de crear ese grupo de trabajo antes de finalizar el mes de noviembre, aunque reconociendo que encontrar una nueva ubicación es "muy difícil" y advirtiendo que el costa del traslado será muy superior a los 400 millones calculados hace 10 años.
Quevedo califica de "histórico" el apoyo otorgado ayer por todos los grupos de la cámara y considera un "avance sustancial" que el propio ministerio le haya puesto fecha, aunque mantiene sus dudas sobre la verdadera voluntad de este departamento en la búsqueda de terrenos alternativos a los que actualmente ocupa la unidad militar. Quevedo señala que el grupo de trabajo, en el que estarán integradas todas las administraciones implicadas, inclui-dos el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo insular grancanario, es un condición necesaria pero no suficiente "si no va acompañado de la inequívoca voluntad de trabajar en profundidad para alcanzar una solución efectiva".
Informe
El grupo de trabajo deberá emitir un informe como muy tarde en el primer semestre de 2018 y deberá abordar también las alternativas para una nueva ubicación de la base que reúna los requisitos operativos, logísticos y estratégicos necesarios para las Fuerzas Armadas, y estudiar el coste del acondicionamiento del nuevo emplazamiento y de la construcción de las instalaciones necesarias. La Base Naval operativa en estos momentos ocupa una zona de 15.000 metros cuadrados en una zona considerada por la corporación local capitalina como estratégica para el desarrollo de la ciudad, en la que hay, según el texto de la moción, "un amplio consenso tanto político como social para que la ciudad recupere" esos terrenos y los integre "con el resto de la capital".
Quevedo plantea que el grupo de trabajo deberá "despejar algunas cuestiones relevantes como la afirmación de la ministra que desde el pinto de vista de los ciudadanos, es igual que el espacio del actual arsenal pertenezca a la Armada o a la Autoridad Portuaria (a la que se expropió el terreno en 1945)". Se refiere al hecho de que Cospedal señalara en la interpelación de la semana pasada que no cabe interpretar automáticamente que el traslado de la base suponga de facto una integración de esos terrenos al espacio público de la ciudad dado que son propiedad del Puerto y por tanto del Estado. "Si consiguiéramos encontrar otra ubicación, la desafectación que si hiciera del uso militar no repercutiría inmediatamente en el Ayuntamiento, porque es territorio del Puerto", dijo en concreto la ministra, que aclaró que "eso es algo que tiene que quedar bien claro en toda la negociación".
Quevedo tacha de "sorprendente e insólita" esa aclaración de la ministra ya que considera evidente la alta posibilidad de lle- gar a acuerdos con la Autoridad Portuaria por parte del Ayuntamiento capitalino para el uso ciudadano de los terrenos como ha ocurrido en otras muchas ocasiones entre ambas entidades, entre otras cosas porque la adminis- tración portuaria integra en sus órganos gestores representantes de las instituciones canarias y grancanarias.
