Los taxistas de la capital no lograron arrancar al concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, el compromiso de no imponer la libranza semanal en el sector - están en contra de la medida-, pero consiguieron que el edil se comprometiera a "negociar con el gobierno municipal una propuesta alternativa" a la que les presentó ayer en Infecar, tras una asamblea muy tensa en la que, desde el minuto uno, los trabajadores del transporte público acusaron al edil de "querer matar el taxi" con su borrador para mejorar y regularizar el ramo.

"Su paquete de medidas es un paquete bomba, lleno de explosivos; nos dice que es para ayudarnos pero no es así". Fueron las primeras perlas que le cayeron al concejal de Movilidad sin haber abierto la boca en el auditorio del recinto ferial, lleno de taxistas -propietarios de licencias, autónomos y trabajadores- muy enfadados con las medidas que quiere imponer el Ayuntamiento y sin haber comenzado la reunión.

El concejal, que estuvo acompañado por el director general de Movilidad, Heriberto Dávila, había sido invitados por las dos cooperativas del taxi de la ciudad -Las Palmas y San Cristóbal- y la asociación ATAT, pero a punto estuvo de no decir ni una palabra ante el enojo de los taxistas que intervenían desde las gradas para quitarle la palabra. Finalmente, la cordura se impuso entre el colectivo y dos trabajadores moderaron el encuentro para que el edil pudiese explicase.

El paquete de medidas de Movilidad se resume en reducir el número de licencias, situadas en 1.634; en realizar una libranza semanal; en la unificación tarifaria en todo el municipio; en solicitar al Cabildo de Gran Canaria incrementar el número de transfer entre 40 o 45 transfer mensuales para los taxistas de la capital; en la puesta en marcha de una campaña entre la ciudadanía para fomentar el uso del taxi; en subir las tarifas, y en una campaña de inspección de las licencias.

El tema de las libranzas acaparó el turno de palabra de los taxistas, que se niegan en rotundidad a que ni siquiera se haga una prueba de cuatro meses, como así propone el concejal. "Eso es una dictadura, no una democracia", le decían desde las gradas a Ramírez que, al igual que Dávila, aguantó con flema inglesa las acusaciones de querer acabar con el taxi en favor de la metroguagua y de jugar con el sueldo de las familias; entre otras.

En la asamblea, que duró más de dos horas, también se vislumbró los desacuerdos que hay dentro del sector, representado por diversas asociaciones, aunque en el tema de la libranza parece que hay unanimidad. Los taxistas pidieron al concejal que deje de hacer estudios sobre el sector y que se reúna con los trabajadores para conocer sus problemas antes de tomar medidas.