La Fiscalía de Medio Ambiente solicita a la Audiencia de Las Palmas que abra juicio oral contra seis trabajadores y cinco empresas del Puerto por la venta ilegal de gas R-22 en La Luz. Se trata de producto muy nocivo para la capa de ozono que se emplea para refrigerar los barcos, entre otros usos industriales, cuyo comercio está prohibido o muy restringido por la Unión Europea (sólo se puede distribuir en países que no han firmado el Protocolo de Montreal o en Europa si el material es regenerado).
Entre las compañías que irán a juicio como personas jurídicas hay tres importantes consignatarias: China National Fishery Company, Baltic Atlant Shipping y Seagroup. Todas, supuestamente, compraban el gas refrigerante de manera clandestina a para abastecer a su flota pesquera en el Atlántico, compuesta por buques chinos, lituanos y africanos.
Las consignatarias adquirían el producto a Sernamol Canarias y Canary Chandler, ambas del mismo grupo, con sede en La Luz, quienes, a su vez, hacían de intermediarios con Solquimia Iberia, radicada en Zaragoza y única titular de la autorización para solicitar a la Comisión Europea las licencias de importación y exportación de gas R-22 virgen.
Tanto las consignatarias como las empresas distribuidoras del gas se enfrentan a multas de hasta 45.000 euros y la prohibición de comercializar, transportar, exportar e importar hidrocarburos halogenados durante un máximo de diez años, según las conclusiones provisionales del ministerio público, que acusa a estas entidades de crear "un mercado negro" en el Puerto de La Luz para enriquecerse a costa del perjuicio causado al medio ambiente.
El fiscal atribuye a los procesados un delito continuado contra la seguridad colectiva, en su modalidad de "riesgo catastrófico" provocado por explosivos y otros agentes, con infracción de las disposiciones protectores de carácter general dictadas por Europa para proteger el medio ambiente, todo ello en concurso medial con otro delito de falsedad en documento mercantil por la alteración de datos, albaranes y facturas para "engañar" a la Comisión Europea sobre el destino final del gas.
Víctor Hugo G. S. G. y Alonso M. O. afrontan una pena máxima de tres años de cárcel, ambos como trabajadores de Sernamol, el primero como administrador único de la empresa y el segundo como empleado de la misma. Según el fiscal, ejecutaron en 2011 y 2012 numerosas "operaciones ilícitas y clandestinas" para exportar gas R-22 virgen a barcos extracomunitarios, así como para introducir el producto en La Luz como si fuera regenerado y crear un "auténtico mercado negro".
El ministerio público añade que ninguna de las entidades que integran el grupo Sernamol Canarias era "gestor autorizado" para realizar estas actividades de exportación e importación, pues no figuran en los registros de la Comisión Europea para manipular sustancias SAO, esto es, que agotan la capa de ozono y producen un efecto invernadero. Operaban desde dos naves, una en el polígono industrial de El Goro, en Telde, y la otra en el Puerto de Las Palmas.
El gerente de Solquimia Iberia se enfrenta a dos años y cuatro meses de prisión. El fiscal sostiene que Rafael D. F. estaba compinchado con los otros dos acusados para la distribución ilícita del gas y su introducción fraudulenta en los circuitos comerciales. El "plan" consistía en proporcionar "datos falsos" a la Comisión Europea, que es el órgano competente para expedir las licencias. De esa manera abastecían a las consignatarias de los buques y burlaban los controles. El gas se destinaba luego a usos y países "distintos" a los verdaderamente autorizados.
Solquimia, que sí contaba con autorización europea para pedir las licencias, pagaba a Sernamol una comisión por esas operaciones. No existía "ningún mecanismo de supervisión, vigilancia y control" de la distribución del gas, con el incumplimiento de las directrices internacionales e internas y la imposibilidad de asegurar la "trazabilidad" del producto por parte de la Comisión Europea.
En 2001 las empresas exportaron 217.590 kilos de gas en 61 transacciones, por importe de un millón de euros, mientras que en 2012 comercializaron 120.310 kilos en 29 operaciones, por valor 513.035 euros, según las conclusiones de la Fiscalía. El gas, a veces envasado en botellas no autorizadas, iba a destinos ajenos a los declarados en los permisos.
Koval K. y Valery M. se exponen a tres años de prisión. Ambos eran gerente y director general de Baltic Atlant Shipping. El fiscal también reclama dos años de cárcel para el empleado de Seagroup Vladislav D. Todos afrontan multas y la prohibiciones para trabajar en el sector del gas.
