Las trabajadoras de las bibliotecas municipales se sumaron esta mañana a las concentraciones de protestas que se han convertido en moneda habitual en la plaza de Santa Ana, durante la celebración de los plenos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El colectivo coincidió en la plaza con los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la capital, cuyos sindicatos, han vuelto a exigir más personal y mediosmás personal y medios para que "la seguridad de la ciudad no se vea comprometida".
Daniel Ojeda, representante de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) , denunció el escaso número de efectivos que se se prevé destinar a los eventos del Carnaval, así como el impago de los refuerzos de servicios desde el pasado agosto. "Hay un descontento total desde los sargentos hasta los agentes por la forma en que se han organizado los actos de los Carnavales por el escaso número de efectivos. Nos parece insegura. Para la tercera fase de murgas sólo han previsto cuatro agentes y un cabo. Se siguen incumpliendo los acuerdos de permisos y continúa la falta de equipamiento y material de trabajo", denunció.
La concejal de Presidencia, Seguridad y Cultura, Encarna Galván, negó que exista inseguridad en los eventos y aseguró que el número de efectivos de policías, bomberos y protección civil viene determinado por los planes de seguridad.
"Menos acuario y más bibliotecarias" y "las privatizaciones las hacen los ladrones", coreaba el personal de las bibliotecas municipales, que denunció el despido disciplinario de dos de los trece trabajadores subcontratados por la Sociedad de Promoción a la empresa Serral y tres sancionados.
César Merino, secretario de Acción Sindical de Intersindical Canaria, pidió la intervención de Encarna Galván, para que acabe con las represalias e incorpore a los despedidos, pero aunque llevan tiempo intentado reunirse con la responsable política de las bibliotecas del municipio hasta ahora no ha sido posible.
Galván reconoció que la empresa sigue prestando el servicio, contra factura, pese a haberse vencido hace dos años el contrato, incluida la prórroga, y aseguró que el Ayuntamiento no puede intervenir hasta que se resuelva el proceso judicial que iniciaron los trabajadores por cesión ilegal de trabajadores.
César Merino añadió que el contrato entre la Sociedad de Promoción y la empresa Serral, para gestionar las bibliotecas municipales, expiró en 2016. "Los trabajadores se vieron entonces en un limbo jurídico e iniciaron una denuncia por cesión ilegal de trabajadores. Queremos acabar con las represalias de la empresa contra los trabajadores, una serie de conductas que el gobierno municipal no puede permitir. Aunque sabemos que la empresa es la culpable, consideramos que el Ayuntamiento es responsable de la situación de los trabajadores porque el servicio es municipal. ¿Cómo es posible que la biblioteca esté en manos privadas y que ese servicio se siga prestando de una manera opaca con la misma empresa cuyo contrato venció en 2016?", se preguntó.
Consideró que es muy grave que el Ayuntamiento permita a la empresa "conculcar derechos laborales a empleados que realizan servicios en dependencias municipales". Los trabajadores estuvieron dos meses sin cobrar, aunque ya están al día.
