La portavoz de Unidos por Gran Canaria, María Ángeles Batista, ha anunciado hoy jueves 25 de enero que su formación presentará en el próximo pleno a celebrar el viernes 26 de enero, una moción por la que solicitará al gobierno municipal Tripartito del PSOE- Podemos y Nueva Canarias la suspensión de la Ordenanza reguladora de la tasa por estacionamiento de la zona azul y verde
La edil manifiesta que "el pasado mes de junio 2017 Unidos por Gran Canaria propuso al pleno municipal la adopción del acuerdo para, entre otros, iniciar el expediente de modificación de la ordenanza fiscal 3A-1, reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado, al objeto de que la misma determinara la eliminación de las tasas de penalización actuales por considerarse abusivas y no ajustadas a los principios establecidos en la Ley General Tributaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como establecer un estudio pormenorizado de las zonas azul y verde, eliminando aquellas consideradas innecesarias".
"Pero el tripartito ya venía gestionando el cobro de las tasas por no pagar el estacionamiento regulado de los últimos cuatro años tomando como base la anterior y aún actual modificación de dicha ordenanza. Se ha realizado una notificación masiva de liquidaciones, es decir, no de forma individualizada, sino de forma conjunta, sumando las liquidaciones notificadas y las que carecen de notificación están siendo ejecutadas por embargo de forma indiscriminada. Esta práctica viene creando situaciones económicas realmente desesperadas a la mayoría de las personas afectadas" denuncia Ángeles Batista.
La edil explica que "desde Unidos por Gran Canaria deseamos recordar" una vez más a este pleno municipal que el artículo 3 de la LGT recoge "los principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario. El principio de no confiscatoriedad supone que los ingresos tributarios contribuyen a financiar el gasto público de forma equitativa y progresiva sin que haya excesos por parte de los poderes públicos a la hora de detraer de las economías privadas los ingresos tributarios. El principio de proporcionalidad supone que la actuación de la Administración tributaria debe hacerse de forma que perjudique lo menos posible a los ciudadanos, pero la modificación de las cuotas de las tasa por zona azul ha supuesto un incremento de las mismas de entre un 500 % y un 600 %".
"Al objeto de impedir que se siga aplicando una errónea gestión administrativa de las sanciones aplicadas en esta ordenanza reguladora, y evitar en lo posible mayores consecuencias agravantes para la economía de los ciudadanos, Unidos por Gran Canaria solicita la suspensión cautelar inmediata de la ordenanza vigente y que se paralice los embargos realizados o en curso de ejecución para sentar las bases de gestión de los mismos, acordes con la realidad social y económica de cada afectado", finalizó la portavoz.
