La renovación del bono social eléctrico se está convirtiendo en una misión imposible para los solicitantes, que se ven obligados a realizar un peregrinaje entre las distintas administraciones para conseguir unos documentos que no pueden obtener. Es el caso de Juan -es un nombre supuesto porque prefiere permanecer en el anonimato- que lleva varias semanas intentando cumplimentar la solicitud para renovar el bono social eléctrico de sus padres, un matrimonio de jubilados, cuyas dos pensiones suman unos 900 euros mensuales y que tienen a su cargo a una hija con una minusvalía psíquica que supera el 60% . La última vez que renovó el bono, indicó, sólo tuvo que entregar el certificado de lo que cobran, pero tras el nuevo decreto -que fue presentado por el Gobierno de España como un avance en la solución de los problemas de la pobreza energética-, se ha multiplicado el número de documentos que se exigen. A Juan le han pedido, entre otros datos, un certificado de minusvalía de su hermana expedido por los funcionarios del Gobierno canario. "Esto es un infierno burocrático, un abuso muy grande. Han cambiado los requisitos tres veces durante los últimos tres meses. Endesa no quiere recoger la solicitud sin el certificado de minusvalía y me manda al Gobierno canario, donde me dicen que el trámite lo tienen que hacer en el Ayuntamiento, porque ellos no tienen competencias para expedir certificados de minusvalía. Los trabajadores sociales del Ayuntamiento me dicen que no tienen ninguna directriz de sus jefes para expedir certificados de minusvalía y menos en un volante sin nombre y apellidos ni DNI. Es algo alucinante, porque mi hermana ya tiene el certificado de minusvalía que le expidieron en su día, pero ahora quieren otro de los servicios sociales", denuncia Juan, quien destaca el infierno burocrático al que están sometiendo a unos ciudadanos, a los que piden algo que no pueden tramitar. "Y encima lo hacen con la gente más humilde, en su mayoría gente mayor. Parece que están buscando la forma de no dártelo".
Como Juan, cientos de personas han emprendido en los últimos meses un peregrinaje en busca de documentos que acrediten circunstancias especiales, con las consecuentes colas en las oficinas de servicios sociales. El problema es tan grande, que el Estado ha decidido ampliar hasta octubre el plazo de presentación de la documentación, que finalizaba el 11 de abril.
