El pleno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer por unanimidad instar al Gobierno canario para que desbloquee la entrega de las escrituras a los adjudicatarios de todas aquellas viviendas de protección pública en régimen de alquiler que ya han superado el plazo de arrendamiento previsto en la ley para que puedan acceder a la propiedad de unas casas, que algunos han abonado ya, mediante la cuota de alquiler, el importe establecido. La iniciativa fue aprobada, tras las presentación de una moción del PartidoPopular (PP), que planteó la necesidad de apoyar a estas familias.

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, criticó que el Gobierno canario incluye a algunos arrendatarios la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el alquiler de las viviendas, un impuesto que luego no le paga al Ayuntamiento. Criticó también la "indefensión" en la que se encuentran miles de familias que han reclamado el acceso a la propiedad y siguen sin respuesta. Los afectados, entre los que figuran los adjudicatarios de las 504 viviendas de Las Ramblas de Jinámar y otras promociones de El Lasso (Los Granjeros) y Cruz de Piedra, han creado una plataforma para exigir al Gobierno canario que cumpla con su propia Ley de Vivienda.

Uno de ellos es Miguel Ángel Hernández Domínguez, miembro de la Asociación El Progreso de Jinámar, quien ayer explicó en el pleno que hace más de 25 años que les entregaron sus viviendas en régimen de alquiler. "Parte de los residentes completamos ya el pago del 50% del valor de la casa que nos correspondía. Deberíamos ser ya titulares de nuestras casas. Hemos intentado contactar con el Gobierno, pero no hemos sido atendidos. Por eso pedimos el apoyo del Ayuntamiento para acceder a la propiedad de lo que por derecho ya es nuestro", afirmó. La moción fue aprobada sin debate alguno porque todos, incluido el gobierno Tripartito, estuvieron de acuerdo en la necesidad de desbloquear este asunto.

El debate volvió al pleno cuando el gobierno Tripartito aprobó, con el voto en contra de la oposición, la creación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes, una especie de Cotmac local, que sustituirá a ésta y que, según el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, tiene carácter transitorio, mientras se aprueba el reglamento regional, para desbloquear cuanto antes proyectos urbanísticos que están empantanados, como la promoción de varios cientos de viviendas de Residencial Las Américas en Guanarteme, cuya licencia está pendiente de un estudio ambiental que dé vía libre a la aprobación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO). La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias rechazó en agosto pasado la evaluación de estos proyectos, argumentando que tras la nueva Ley del Suelo es competencia del Ayuntamiento. El concejal popular Ángel Sabroso advirtió de la "ilegalidad" del carácter transitorio de este órgano, que ha sido objeto de dos informes desfavorables por parte de la secretaria general del pleno, quien ha planteado la necesidad de modificar, antes de crear el órgano, el reglamento orgánico del Ayuntamiento (ROGA), como está haciendo el Cabildo. A juicio de Sabroso, esta circunstancia puede generar "inseguridad jurídica" a los expedientes informados por esta Cotmac, que tendrá cinco miembros, nombrados por el alcalde y que según Doreste serán funcionarios de otras administraciones. Sabroso criticó la contratación de un abogado externo para que hiciera un informe favorable, por 16.000 euros. "Estos proyectos urbanísticos están paralizados desde hace casi un año, porque ustedes no previeron la entrada en vigor de nueva la Ley del Suelo", sostuvo Sabroso. Doreste respondió que el bloqueo es consecuencia de la supresión de la vieja Cotmac por una Ley del Suelo, que el PP aprobó.