El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, exigió ayer más competencias en manos de los ayuntamientos para poder atajar el alquiler vacacional ilegal. El regidor ejerció como anfitrión del Encuentro sobre turismo de reuniones y la Asamblea del Spain Convention Bureau, organismo del que es presidente, y coincidió con otros máximos dirigentes municipales en la necesidad de abordar el fenómeno de los pisos turísticos partiendo de las particularidades de cada ciudad.
Desde la realidad que ha consagrado esta modalidad de alojamiento como una más y sin recurrir al dramatismo, Hidalgo expuso el problema que supone que el alquiler de viviendas para visitantes se haya trasladado "a zonas urbanas", lo que genera conflictos con los residentes. De ahí su demanda de ejercer funciones que depuren esta actividad para expulsar a quienes no cumplen con las ordenanzas municipales. Incluso en materia de vigilancia, ya que la comunidad autónoma tan solo cuenta con "catorce inspectores para todas las islas", cifra que consideró "ridícula.
"El problema es que a la hora de legislar no nos preguntan", expuso Hidalgo. Porque, según relató, la capital grancanaria ya cuenta con ordenanzas que regulan esta modalidad de alojamiento. Por ejemplo, se exige que los bloques en los que existe el alquiler turístico cuenten con "accesos diferenciados" para los viajeros y nunca se tolera si en el piso inmediatamente inferior existen viviendas habituales.
A su lado, en la mesa redonda Turismo urbano. ¿Ciudades para vivir o visitar?, se sentó el presidente de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José Hila. Alcalde de Palma de Mallorca hasta hace poco más de un año y socialista como Hidalgo, explicó que a la capital balear sí le permitieron elegir su destino en este ámbito y optó por prohibir la actividad alojativa "en pisos", circunscribiéndola a las viviendas unifamiliares.
Suben los precios del alquiler
"Tenemos 16.000 inmuebles de estas características, suficientes para cubrir la oferta", explicó Hila. Una de las principales razones que llevaron a este tipo de regulación fue la constatación de que los precios del alquiler residencial se habían disparado por una intensa traslación de los propietarios hacia el mercado vacacional.
El presidente del Consell Insular de Ibiza y responsable de Turismo, Vicent Torres (PSOE), expuso que es un "error no regular en pro del residente". El representante de la mayor de las Islas Pitiusas señaló que en poco tiempo se alcanzaron las 25.000 viviendas dedicadas al alquiler vacacional cuando la isla cuenta con 78.000 plazas turísticas. "Se implantaron verdaderas mafias para controlar el mercado" de los arrendamientos residenciales, expuso, lo que desembocó en un rápido crecimiento de los precios. "Si no actuamos, esto puede empeorar", continuó, tras lamentar la tardanza del Gobierno central a la hora de actuar mediante el control fiscal de la actividad.
A este respecto, José Hila, señaló el "no pagar impuestos" como una de las grandes ventajas que han animado a los propietarios a situar sus activos inmobiliarios en el mercado del alquiler turístico. Para él también la entrada en escena del Ministerio de Hacienda se ha demorado en demasía. "No se entiende que el Estado no haya obligado hasta prácticamente ahora a comunicar los datos de la actividad, cuando podría haber recaudado cientos de millones de euros durante la crisis", señaló.
Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco (PSOE), explicó cómo en el caso de la localidad guipuzcoana, de la que también es primer teniente de alcalde, ha sido la autonomía fiscal que consagra el fuero vasco la que ha ayudado a regular la situación. "El 65% de los alojamientos de esta naturaleza están en San Sebastián y lo hemos tenido que regular nosotros", detalló. De tal manera que desde "hace dos años y medio" fiscalizan cada piso turístico que se oferta a través de las plataformas de Internet "y si no pagan sus impuestos, se les sanciona. No prohibimos, pero regulamos", relató tras explicar que "no vale la misma medicina para todos".
Dos denominadores comunes en el debate: la imposibilidad de abordar los pisos turísticos si no es desde las particularidades de cada localidad y la oposición a prohibirlos. Sin salirse de estas lindes aceptadas por la totalidad de los participantes en el debate, el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez (PP), puso el acento en la "laxitud" que, en su opinión, introduce esta modalidad alojativa en el factor de la seguridad. "Es un hecho diferencial frente a nuestros competidores que no podemos perder", señaló y añadió que ya se ha comprobado que las viviendas vacacionales "no son economía colaborativa, sino economía sumergida".
La rentabilidad del turismo de congresos
- Augusto Hidalgo es presidente del Spain Convention Bureau, el organismo que nuclea el turismo de congresos, reuniones y eventos. El alcalde de la capital grancanaria señaló ayer que este segmento del negocio alojativo rebasó el pasado año por vez primera, por cien millones, los 6.000 millones de euros de facturación en toda España. Esa cifra situó al país como cuarto lugar del mundo con mayor volumen de negocio en este ámbito, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, y relegando a Francia al quinto lugar que ocupó al cierre del ejercicio anterior. De esa cantidad, solo los acompañantes de los participantes aportaron 1.400 millones de euros. Aunque Barcelona y Madrid acaparan el 43% del mercado nacional, Hidalgo destacó que el conjunto de ciudades de entre 200.000 y 500.000 habitantes alcanzan ya "un 28%". El presidente de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el mallorquín José Hila, explicó que se trata de un "turismo muy respetuoso" y con un "poder adquisitivo superior" a la media. Además, detalló que en los casos de ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca son muchas las ocasiones en las que los participantes en una de estas convenciones deciden alargar su estancia cuando terminan, lo que revierte en un incremento de la actividad económica. Solo el Auditorio Alfredo Kraus recibió a 48.000 congresistas a lo largo de 2017. "Si se colocan de manera lineal todos los eventos que se celebraron durante todo el año, no quedaría un solo día libre", detalló Hidalgo.
