"Hoy es un día histórico", aseguró ayer Paco González junto al cuartel número seis del Cementerio de Vegueta en el que fue enterrado su abuelo, con el que comparte nombre y apellido, junto a Juan Santana Vega, fusilados ambos por el régimen franquista en el campo de tiro de La Isleta. Y es que 81 años después del trágico suceso, se van a iniciar los trabajos para localizar los cuerpos. Para ello, una comisión de investigación será la encargada de realizar un estudio documental al que acompañará una cata y el uso de un georradar para ver en qué estado se encuentra el subsuelo de esa parcela del camposanto. Los resultados serán incluidos en un informe que los expertos esperan poder entregar de manera definitiva a finales de este año.
Esta iniciativa, que está financiada con 30.000 euros por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino a partes iguales, supone un gran reto para el equipo que lidera Javier Márquez y que conforman Francisco Javier Velasco, Candelaria González, Manuel Enrique Ramírez y Beatriz Andreu, todos ellos catedráticos de Historia de la ULPGC. Son muchas las incertidumbres que rodean a la inhumación de las dos víctimas del franquismo sobre la que ya se han realizado dos estudios que resultaron ser contradictorios.
El primero, lo elaboró Santiago Carcas Cuartero, director y coordinador de las expediciones por la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos por el Franquismo (ARDF Desaparecidos) a petición de los familiares. En él, se sostiene que ambos cuerpos se encuentran enterrados en la fosa común número dos del cuartel número seis y que hay un testigo entre ambos cádaveres: una piedra que el sepulturero colocó para saber que eran ellos. Sin embargo, este informe fue desbancado por el que encargó el Consistorio capitalino al doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro García Bilbao, quien consideró que no es seguro ni que los restos se encuentren en esa parcela por las reubicaciones que se produjeron en la zona el siglo pasado y, por lo tanto, desaconsejó la exhumación. Y es que según explicó Márquez, la fosa número en la que se cree que se hallan los cadáveres se abrió en dos ocasiones más después de 1937, una en 1942 y la otra en 1955. De ahí que este nuevo estudio sea vital para intentar esclarecer algunas lagunas.
"Si no se ha tocado nada desde la última vez que se abrió, en esa fosa puede haber en torno a un centenar de personas de las que represaliados del franquismo, que sepamos, son solo ellos dos", señaló el catedrático antes de hacer hincapié en el hecho de que tampoco exista un mapa más allá del que hizo Lureano Arroyo a finales del siglo XIX y según este, la fosa número dos se encontraría en la esquina sureste del cuartel número seis que se encuentra al fondo a la izquierda del cementerio. "Pero no sabemos si eso cambió porque hasta los años 80 el jefe del cementerio podía hacer en él lo que quisiera con el presupuesto que se le daba".
Lo único positivo de todo esto es que esta parcela, en la que hay un total de 28 fosas, se ha mantenido de titularidad pública con lo cual ejecutar los trabajos es más fácil que si se hiciese en la que hay enfrente, donde el terreno fue vendido a particulares. De este modo, además de estudiar documentación de varias cajas depositadas en La Favorita, se hará uso de un georradar e incluso se hará una cata con un orificio de 15 o 20 centímetros de diámetro para obtener más información del subsuelo en el que se excavó la tumba a unos tres metros de profundidad. "Sabemos también que medía dos por dos metros y que no estaba lucida, por lo que tampoco sabemos si estarán muy deterioradas por las filtraciones de agua a las que es propensa la zona".
Con los resultados que obtengan de las investigaciones, la comisión tiene previsto entregar un informe provisional en octubre y el definitivo en diciembre. "Si bien todo puede cambiar", apostilló Javier Márquez. Una vez se tengan en la mano las conclusiones se tomará a decisión técnica y política de proceder a la excavación. Esto, recordó el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, conllevará una actuación que se ajuste a que el espacio declarado Bien de Interés Cultural y que precisa autorización judicial.
