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Las camas de viviendas vacacionales crecen un 78% en la capital desde 2015

Casi la mitad de las plazas alojativas de la ciudad se concentran en casas de alquiler turístico

Las camas de viviendas vacacionales crecen un 78% en la capital desde 2015

Las camas de viviendas vacacionales crecen un 78% en la capital desde 2015

El alquiler vacacional ha experimentado un enorme crecimiento en Las Palmas de Gran Canaria, donde el número de camas ha aumentado un 78,20% en los dos últimos años. Concretamente, en 2017 se registraron 6.855 camas en la ciudad, lo que supone un 37,7% del total disponibles (11.307) y 3.008 más que en 2015 cuando se cerró el ejercicio con 3.847, según recoge el informe El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta que elaboró hace unos meses el Gobierno de Canarias. La situación, que fue denunciada en el último pleno municipal por la plataforma Canarias por un territorio sostenible, "preocupa extremadamente" al concejal de Turismo, Pedro Quevedo, quien anunció el pasado viernes que el Ayuntamiento capitalino tiene previsto realizar un estudio sociológico para valorar el impacto que este tipo de oferta alojativa tiene sobre el municipio.

La capital grancanaria cuenta con 12.502 plazas alojativas entre hoteles, pensiones, apartamentos y viviendas vacacionales. Tan solo estas últimas concentran casi la mitad de la oferta con las 6.001 plazas repartidas entre las 1.133 casas con este uso que tiene contabilizadas el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. La administración insular es precisamente la encargada de otorgar los permisos para este tipo de explotación comercial que en la capital grancanaria no está permitida por encima de un espacio residencial, además de tener que contar con un acceso por separado para ambas situaciones, tal y como recoge el Plan General de Ordenación (PGO).

No obstante, la normativa no se está respetando según alertó durante la sesión plenaria del pasado 27 de julio Antonio Pérez Marrero, portavoz de la citada plataforma ciudadana. "Los turistas tienen otras costumbres, otras obligaciones y otros horarios distintos a los residentes", señaló, "y de hecho hay muchos vecinos de zonas como Guanarteme y Las Canteras que se quejan de que en sus edificios hay en otras plantas viviendas vacacionales que les generan los conflictos propios de dos actividades completamente diferentes".

Además de los problemas de convivencia que esta situación puede provocar entre residentes y visitantes, Pérez Marrero advirtió sobre los desplazamientos que esta oferta alojativa puede generar. "Es un efecto en cadena porque si encarecen el alquiler en una zona atractivamente turística la gente busca otros espacios por lo que el alquiler también sube en estas zonas, pudiendo llegar incluso un momento en el que haya personas que no puedan acceder a una vivienda de alquiler", explicó antes de señalar durante el pleno que "estas expulsiones suponen también que desaparezcan vecinos que han vivido toda la vida en una zona y se incorporen determinados turistas".

Como consecuencia de todo ello, apuntó, las infraestructuras sociales educativas y sanitarias también se verían afectadas ya que si los vecinos se trasladan a otros barrios "los colegios, por ejemplo, perderían alumnado e irían quedando obsoletos", por no hablar de que "habría que construir otros en aquellos núcleos" en los que se instalase la población. De ahí que desde Canarias por un territorio sostenible soliciten la intervención del Consistorio capitalino a quien instan a crear una normativa municipal provisional que regule la explotación de la vivienda vacacional. "Hay que evitar que los barrios se conviertan en parques temáticos para los turistas y si no se regula habrá un crecimiento desorganizado".

En este sentido, Quevedo reconoció que es necesario ejercer un control, si bien siempre ha defendido que el primero en legislar ha de ser el Gobierno de Canarias para que la normativa establezca unos principios en todo el Archipiélago para evitar leyes contradictorias que conlleven conflictos entre administraciones y propietarios. Por lo pronto, el Ejecutivo regional ha publicado un borrador del decreto que regulará este uso y que impide su desarrollo en suelo residencial en zonas turísticas, si bien contempla la posibilidad de que cabildos y ayuntamientos fijen excepciones.

"Nosotros pondremos sobre la mesa la crudeza de los datos que obtengamos del estudio sociológico con el que pretendemos radiografiar la situación", apostilló Quevedo, quien aseveró que "mientras más crece el turismo de alquiler vacacional decrecen las oportunidades, sobre todo para los jóvenes, de tener la posibilidad de tener una vivienda de alquiler". Una afirmación que no comparte Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), quien aseguró que la disminución del alquiler residencial se debe a un cúmulo de factores entre los que se encuentran el aumento de la tendencia de alquilar, en vez de comprarse una casa, tal y como se hacía antaño y antes de la crisis. "También ha habido un incremento poblacional, según el INE, del 16% y no ha habido en los últimos diez años planificación de vivienda social. Tampoco nos olvidemos de que los bancos siguen manteniendo en su poder una serie de casas que no salen al mercado para mantener los precios, por lo que las consecuencias de la vivienda vacacional son residuales", apostilló. Asimismo, Borrego celebró que casi la mitad de las plazas alojativas de la capital sean de alquiler vacacional ya que eso significa que "la riqueza del turismo se reparte por fin entre la población".

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