Representantes de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, que conforman la Coalición por Gran Canaria, se han concentrado hoy en la playa de Las Canteras para, junto a un grupo de deportistas, reivindicar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "frene en su empeño y desista de aprobar el reglamento municipal mediante el cual prohíbe la práctica libre de deporte en el área de la playa".
La secretaria insular del Área Metropolitana de CC en Gran Canaria, María Fernández, calificó de inaceptable el borrador de Reglamento Municipal de Costas y Playas, presentado por la corporación insular que encabeza Augusto Hidalgo, y mediante el cual "se pone limitaciones a la práctica libre del deporte en un lugar emblemático de la ciudad y de la isla de Gran Canaria" , lo que a su juicio es "una absoluta aberración y un atropello hacia los miles de usuarios que realizan actividad física y deporte en el paseo de Las Canteras".
María Fernández afirma que el gobierno tripartito del Ayuntamiento capitalino "se ha convertido en el pacto de las prohibiciones y de las políticas sin sentido" y reclama "más gestión y menos restricciones de aquellas actividades que promueven la vida saludable y el dinamismo en Las Canteras".
Por su parte, la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, subraya la "indeterminación" del borrador del reglamento que pretende impulsar el Consistorio, que, según sus palabras, "parece más un manual de buenas costumbres que una ordenanza". Al hilo de esto, explica que "una persona no sabrá antes de salir de su casa si podrá ser multada por correr en el paseo marítimo, ya que, entre otras cosas, depende de lo que el Ayuntamiento considere por gran afluencia. Una total falta de sentido común".
Ángeles Batista sostiene que la nueva propuesta del Reglamento de Costas y Playas "es confusa, está mal organizada y tiene fallos de redacción que dificultan su lectura e interpretación". Asimismo, detalla que triplica el número de artículos de la norma actual, lo que, a su juicio, refleja "el excesivo empeño de los responsables municipales de poner cotos a la libertad de los usuarios de la playa", un trabajo que, por otro lado, han decidido hacer durante el mes de agosto "de espaldas a la ciudadanía".
