La junta de personal del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria baraja emprender acciones legales contra un juez y una letrada de la administración de justicia por expulsar del servicio de guardia a una funcionara.
El incidente ocurrió ayer por la mañana en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, tras ordenar el magistrado Luis Galván a la Guardia Civil que desalojase a la trabajadora de las instalaciones destinadas a la guardia.
Fuentes judiciales aclaran que no se trata de una actuación arbitraria por parte del magistrado, sino que está avalada por una resolución adoptada contra la funcionaria por "pérdida de confianza".
La decisión de apartarla de las urgencias judiciales tampoco es nueva, sino que tiene cerca de un mes, negándose la funcionaria a cumplir la resolución cuatro veces: el 30 de julio, el 7 de agosto, el 15 de agosto y la sucedida en la mañana de ayer.
En las dos primeras se permitió a la trabajadora permanecer en las instalaciones judiciales sin desempeñar una tarea específica, pero en las otras dos el juez ha optado por reclamar a la Guardia Civil que la expulsen.
En esta última, además, se ha prohibido la entrada a una delegación de sindicatos que acudieron en apoyo de su compañera. Varios de ellos la despidieron con aplausos mientras era desalojada de las instalaciones.
Las mismas fuentes destacan que la funcionaria ha sido apartada del servicio por los retrasos que acumula en la tramitación del trabajo ordinario, lo cual ha llevado al magistrado a denunciar la situación ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. De ahí la "pérdida de confianza" para trabajar en el equipo de guardia, cuya atención siempre es más exigente e intensa que los procedimientos ordinarios.
La junta de personal, en cambio, considera que un juez carece de competencias para apartar a un funcionario y formar un equipo de trabajo propio en la guardia. "En 17 años que llevo en los juzgados nunca me he encontrado con una situación como ésta", asegura el secretario de la junta, Luis Suárez, que traslada todo el apoyo de este órgano a la afectada.
La funcionaria se ha encontrado con la restricción del derecho a hacer guardias tras recuperarse de una baja laboral e incorporarse al juzgado. La junta de personal sostiene que la queja del juez por los retrasos está archivada y la trabajadora no tiene ningún expediente disciplinario abierto. De ahí que tache de desproporcionada y arbitraria dicha actuación.
El órgano de representación de los trabajadores recurrirá la resolución en la jurisdicción contencioso administrativa, con la intención de anularla para que la perjudicada vuelva a desempeñar las guardias.
La junta de personal, que está integrada por los sindicatos Staj, Intersindical Canaria, Cobas, UGT y Csif, tiene previsto reunirse en los próximos días para decidir si emprenden otras medidas judiciales más radicales, como la denuncia en la vía penal o incluso la querella, según explica su secretario. También consideran que se ha vulnerado la libertad sindical al impedirles acceder al juzgado de guardia.
