El Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas ha condenado al Gobierno de Canarias por incumplir de forma "sistemática" las normas de prevención de riesgos laborales respecto a la situación de acoso denunciada por una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
La trabajadora ha sido víctima de comentarios machistas y de un trato desconsiderado por parte del letrado que está adscrito al juzgado (antiguo secretario judicial), según explica el sindicato Intersindical Canaria.
La sentencia concede 13.000 euros de indemnización a la trabajadora por el "acoso" al que la sometió el letrado judicial, cantidad que deberá pagar la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. El organismo, que depende de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, tiene que trasladar a la funcionaria a otro órgano judicial.
El secretario del Juzgado de Primera Instancia número 7 también ha sido sancionado con 3.000 euros por esas faltas de respeto como autor de una falta muy grave. La multa se la impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y fue confirmada el pasado mes de junio por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.
Se trata de comentarios del tipo "parece usted tonta", "una paleta de pueblo" y "gilipollas", o de expresiones como "todos son una manada de gilipollas, incompetentes, funcionarios interinos de mierda" y "no sirven para nada, sobre todo las mujeres, son una manada de chachas que no sirve ninguna ni para hacer una hamburguesa vuelta y vuelta", recoge la sentencia del TSJC.
La Dirección General de Justicia tenía conocimiento de estos "gravísimos hechos desde 2009", pero "han mirado sistemáticamente para otro lado", denuncia Intersindical Canaria. De ahí la condena por no haber hecho nada para proteger a su trabajadora de esos abusos laborales.
El sindicato critica el "menosprecio" no sólo a la salud de la funcionaria demandante, "sino también a la de muchas otras funcionarias que han pasado por ese juzgado y han sido víctimas de bajas médicas", incluso de "ceses voluntarios por el calvario al que fueron sometidas debido a la actitud despótica y coercitiva del letrado de la Administración de Justicia", añade Intersindical Canaria.
El colectivo recuerda al Gobierno de Canarias que tiene la obligación de cumplir las normas de prevención de riesgos laborales en vez de "despreciar" la salud de sus funcionarios. Por eso animan a todas las víctimas de este tipo de comportamientos a que denuncien los abusos, tal y como hizo el abogado de la trabajadora acosada, Nadim Jaber.
No se trata del único caso que enfrenta a los funcionarios con la administración, pues la junta de personal de los juzgados capitalinos también ha reclamado a la Dirección General de Justicia que defienda a una trabajadora a la que un juez ha prohibido realizar el servicio de guardia.
La funcionaria, tras una baja laboral de dos años, se incorporó el mes pasado a su puesto de trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6, pero el magistrado titular, Luis Galván, le comunicó que prescindía de su servicio en el turno de guardia "por pérdida de confianza". El juez se había quejado dos años antes a la Dirección General de Justicia de retrasos injustificados en la tramitación de los expedientes.
La Guardia Civil ha expulsado a la funcionaria de las dos últimas guardias por orden del juez, pero la junta de personal considera que carece de competencia disciplinarias para limitar el derecho de la trabajadora y ha pedido al Gobierno canario que intervenga.
