La burocracia enreda en ocasiones la vida a los ciudadanos, pero cuando se habla de menores, ancianos o personas con alguna discapacidad, la demora en el tiempo puede causar daños irreparables. Es lo que trata de evitar la exmagistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia Canarias Gloria Gil, representante legal de la asociación Aunar, con una menor que, según apuntan varios informes técnicos, está en situación de desprotección, pese a vivir con su progenitor, con problemas de alcoholismo. La madre, que está en un programa de rehabilitación en dicha asociación, quiere recobrar a la pequeña y criarla junto a su hermano de dos años.
Gloria Gil colabora desde hace veinte años con Aunar, dedicada a la rehabilitación y asistencia a personas con problemas de adicción. Hoy pelea porque una niña, de siete años y desprotegida pese a vivir con su progenitor, vuelva con su madre, que se recupera en el centro que la asociación tiene en Las Mesas. La mamá, que se hace cargo de un hijo de dos años sin problemas, busca rescatar a su hija ante las malas condiciones en las que vive.
"Lo que pretendemos es que la policía coja a la niña y la ponga con su madre, porque está tirada en la calle, y luego que se resuelvan los problemas burocráticos y de cualquier índole, porque la niña necesita protección y eso es lo que nadie parecer entender". Es la petición desesperada de la letrada, que explica que los informes técnicos de diversas instituciones públicas relacionadas con la protección de la infancia ya han manifestado desde hace meses que no recibe la atención debida. La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias aún no ha tomado, sin embargo, una decisión sobre el asunto, incluso habiendo una petición de la Fiscalía de intervenir con urgencia.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social señalaron ayer que están al tanto del caso y que se está haciendo un seguimiento del mismo, de la situación de la niña y de su madre, para tomar las acciones pertinentes. La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia es la máxima autoridad responsable en materia de protección de menores si no hay una sentencia judicial de por medio.
Historia
La historia de la pequeña, de la que no se indica su nombre, ni tampoco el de la madre por preservar su intimidad, se inicia en 2014, cuando una sentencia del Juzgado de Primera Instancia, número 3 de Las Palmas, otorgó la guardia y custodia de la menor al progenitor por acuerdo de su madre, que no estaba en condiciones de atender a la hija por sus problemas de adicción, aunque en una posterior denuncia aclaró que fue engañada por el padre. Desde 2012, sin embargo, hay un expediente abierto en la administración con el nombre de la menor ante su situación familiar.
El acuerdo entre los progenitores permitía, sin embargo, que la madre pudiera visitar a la niña. Algo que al poco tiempo se rompió con la amenaza del padre a la madre de que si no estaba de acuerdo podía "denunciarle a la policía", tal y como relató la madre a la Dirección General de la Infancia cuando interpuso la denuncia el 17 de mayo de este año y ante la Unidad de la familia y Mujer de la Policía Nacional este 31 de julio. En la misma, señalaba las malas condiciones en las que estaba la niña, que vive junto a su padre y su abuelo, "gravemente enfermos".
La madre ingresó en 2017 en el centro por un problema de toxicomanía. Aparte de la niña y del menor con el que convive, tiene una niña mayor de diez años, fruto de una relación anterior, que está en acogimiento familiar con una tía.
La magistrada indica que la madre "está estable y el niño perfectamente atendido", según los informes del centro Aunar y como han podido comprobar los técnicos que llevan el expediente del menor, por lo que puede hacerse cargo de su hija sin problemas.
Gloria Gil, que representa a la madre, cogió el caso el 1 de septiembre, cuando Aunar recurrió a sus servicios. "Solo recurre cuando se trata de un caso de auxilio y socorro", asegura para explicar cómo el caso se ha demorado en el tiempo -cuatro meses desde que la madre puso la denuncia- y por qué no se puede dejar pasar el tiempo, pues se trata de la vida de una menor.
Hasta el momento ha intentado ponerse en contacto con los principales responsables de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Fiscalía para conocer por qué la menor no se encuentra ya con su madre, y ante la falta de respuesta ha decidido denunciar el caso a la opinión pública.
Entre los informes que tiene en sus manos; también los tiene Menores del Gobierno de Canarias, está el del equipo de Infancia y Familia municipal de la Concejalía del distrito de Vegueta, Cono Sur y Tafira- fechado el 7 de junio- donde se constata la desprotección, a tenor de las conclusiones del equipo técnico, así como de los informes policiales, del centro escolar y de salud. En él se especifica que la menor está expuesta a comportamientos violentos e inadecuados para su edad.
El colegio señala que la menor tiene "falta de higiene" y un problema de "pediculosis recurrente" y que, a veces, no va al colegio. En una ocasión además se les avisó de que la menor estaba a las puertas de una gran superficie con su padre y que "un domingo entero había estado con amigos del padre sin estar él", así como pidiendo "dinero y ropa" en la vía. Además, indican que la niña presenta "expresiones de tristeza, pese a ser muy abierta", así como "aislamiento social", debido a su escaso contacto con otras personas.
El informe de la pediatra -28 junio-, por su parte, manifiesta que "no tiene una alimentación adecuada" y que padece de piojos por las malas condiciones higiénicas y la pésima asistencia. E incluso puntualiza que cabe la posibilidad "de haber ingerido sustancias tóxicas", así como que se sospecha de maltrato físico e incluso sexual.
Con todos estos indicadores, el equipo municipal concluyó que "con carácter de urgencia" se debía de abrir "un procedimiento de desamparo provisional", tal y como estima la ley de Protección del Menor. Una conclusión que Gil considera adecuada para proteger de inmediato a la menor y permitir asimismo que la administración continúe "con su papeleo" hasta tomar una decisión final sobre la niña. Sin embargo no ha sido así.
El Grupo de Menores y Familia (Grumef) de la Policía Canaria - 11 de junio- se manifiesta en la misma línea en otro informe. Especifica que hasta en ocho ocasiones anteriores la niña ha estado en situación de desamparo además de presenciar riñas entre los propios padres, así como que el progenitor "rechaza entrar en un proceso terapéutico" para desintoxicarse del alcohol y que quiere la niña "para machacar a la madre". Ellos también manifiestan que la menor está desprotegida viviendo con el padre.
La propia Fiscalía rogó el 11 de julio a la Dirección General de Protección a la Infancia que "con urgencia" declarase en desamparo a la menor a tenor de los informes. Pero curiosamente, el único informe que se le remite desde Protección al Menor -fechado en agosto- no corresponde con valoración alguna sobre la pequeña, sino sobre el hermano que vive con la madre.
