Las diligencias abiertas por delitos a menores en 2017 se mantienen estables en Canarias respecto al año anterior, con 2.715 procedimientos de los que 998 acabaron con medidas de reforma (sólo 10 y 40 más que en 2016, respectivamente), pero crece la preocupación por el aumento del acoso escolar, la violencia en el ámbito familiar y el abuso sexual. Crece y mucho, según la Memoria de la Fiscalía de Canarias de 2018, que ha vuelto a suspender a los padres, a los colegios y a las administraciones en la gestión de este fenómeno, sobre todo en la provincia de Las Palmas, donde la fiscal delegada de Menores es más crítica con el Cabildo o los departamentos del Gobierno de Canarias con responsabilidades en estos casos, como Educación o Familia.
Y es que el incremento de los expedientes de reforma por acoso escolar es "considerable", destaca la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Abundan las calificaciones de menor entidad, esto es, infracciones penales constitutivas de delitos leves de lesiones, como las vejaciones y las coacciones, pero se ha constatado en 2017 un aumento "exponencial" de los delitos contra la integridad moral (trato degradante).
Las noticias difundidas en los medios de comunicación, según la Fiscalía, "han contribuido a incrementar la conciencia social" sobre la "necesidad de erradicar" estos comportamientos de las aulas, aunque, "lamentablemente", añade el ministerio público, "persiste la insatisfacción ante la falta de una respuesta educativa por parte de los centros", que tienden a "minimizar el sentimiento de las víctimas" o se muestran "inactivos" ante estas situaciones.
Esa mayor sensibilización social, combinada con la escasa implicación de los centros, ha generado "alarma social" entre los progenitores, que han interpuesto más denuncias al estar preocupados por las consecuencias "imprevisibles" de esos comportamientos degradantes en el ámbito escolar sobre sus hijos.
En 2017, además, se consolida una tendencia que empeora cada año: el uso de las tecnologías, y particularmente de las redes sociales, como vehículo del delito, lo que causa una "perniciosa agravación" de los efectos y la dimensión del acoso escolar. Antes, estas presiones cesaban a la salida de las aulas porque la víctima encontraba refugio y protección en el hogar, pero esto ha cambiado por la "utilización indiscriminada de las redes sociales como medio de comunicación entre los menores".
Y aquí viene el tirón de orejas a los padres, porque la "falta de filtros y de control parental" conlleva que "el terror de las aulas se traslade" a los domicilios de las víctimas "con el simple acceso a la red social", destaca el informe de este año, que fue publicado el 13 de septiembre.
Esa dinámica amplificadora del acoso en las redes sociales ha causado daños psicológicos "cada vez mayores" en los escolares víctimas de estos delitos, lo que ha supuesto un "incremento evidente en el empleo de conductas autolesivas ante la frustración de las víctimas", según ha detectado la Fiscalía de Las Palmas en los casos analizados el año pasado. Crecen, además, las denuncias por esta tipología de delito contra "menores inimputables", esto es, que tienen menos de 14 años y, por tanto, no se puede actuar penalmente contra ellos. Aquí el problema es doble porque no existen servicios sociales alternativos para trabajar con esa realidad.
Violencia familiar
Los expedientes abiertos en este ámbito en Las Palmas han pasado de 216 a 220, lo que confirma la tendencia al alza de años anteriores. En estas situaciones, además, es habitual la reiteración de los insultos o las agresiones del menor a sus padres, abuelos o hermanos, lo que obliga a intervenir con medidas de privación de libertad.
Lo mismo ocurre con la violencia de género, con 38 expedientes de reforma en 2017 frente a los 30 de 2016. La Fiscalía de Las Palmas constata aquí "un preocupante déficit educacional en muchos de estos menores, tanto agresores como víctimas, con patrones equivocados en la pareja". Esto ha repercutido en un incrementado de conductas machistas y de "normalización" del control en redes sociales o dispositivos móviles, lo cual, pese a las campañas informativas, "asimilan como normales en una relación afectiva".
Asimismo aumentan los patrones adquiridos y las conductas de repetición. De los informes de los equipos técnicos se deduce que estos menores han estado expuestos a "situaciones familiares altamente estresantes", lo que representa "un fracaso en la nula intervención" realizada con ellos en el marco de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género", denuncia la Fiscalía. Por eso, como consecuencia de ese fracaso, "pasan de víctimas a agresores".
El ministerio público, para combatir esa dura realidad familiar, reclama "un seguimiento e intervención" por psicólogos y trabajadores sociales de estos menores "víctimas directas o silenciosas" de la violencia ejercida en su ámbito más íntimo, lo que supondría "eliminar" un factor de riesgo desde una perspectiva de prevención. "Es preciso un enfoque integral de la violencia familiar, muy particularmente en el caso de adolescentes, dado que los patrones machistas y de abuso son transgeneracionales", opina la Fiscalía.
Otro de los aspectos que inquieta a la Fiscalía de Menores de Las Palmas son los abusos. "Durante el ejercicio 2017 se han incrementado de forma preocupante las agresiones sexuales, y muy particularmente los abusos, alcanzando un número de 76 expedientes por delitos de esta naturaleza", recoge la memoria.
La mayoría de estos casos, en años anteriores, terminaban sobreseídos, tal y como recomienda una circular de la Fiscalía General del Estado cuando los implicados tienen edades "simétricas", pero la tendencia ha cambiado porque se han detectado edades dispares entre agresor y víctima.
Esto último ocurrió en la capital grancanaria, con el agravante de suceder los hechos en un centro de protección gestionado por el Cabildo y tutelado por el Gobierno de Canarias. El menor, de 15 años, fue condenado por 12 delitos de agresión sexual, dos delitos leves de maltrato, un delito de coacciones, un delito de amenazas y otro delito contra la integridad moral. Las víctimas tenían doce, ocho y doce años.
Las indemnizaciones las pagó el Gobierno regional porque tenía la responsabilidad objetiva del adolescente al haberlo declarado en situación de desamparo, pero el asunto generó un hondo malestar en la Fiscalía por la gestión del Cabildo, cuyos Servicios Sociales estaban en manos de Elena Máñez, ahora delegada del Gobierno de Canarias.
Extrema gravedad
El ministerio público considera que las causas de este "fenómeno criminológico en auge" son la exposición continua de menores a conductas sexuales impropias de su edad en sitios de internet de fácil acceso; la ausencia de control parental; el déficit educacional, y la falta de formación adecuada tanto en los centros educativos como en el ámbito familiar. Este cuadro se complica con el boom de comportamientos hedonistas alejados de cualquier empatía y la falta de educación en valores como el respeto, la libertad e indemnidad sexual o conceptos básicos como consentimiento, explica la Fiscalía.
Además de la agresión sexual en el centro gestionado por el Cabildo a través de una ONG, que ha sido clasificada como "asunto de extrema gravedad" por la Fiscalía General del Estado", en Las Palmas se incoaron otros dos procedimientos por abusos sexuales en centros de protección, lo que ha generado importantes fricciones con la administración y la revisión de los protocolos de actuación.
