El Tripartito rechazó ayer una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los vecinos y empresarios del Puerto, así como de la tasa de licencia de apertura solicitada por el concejal de Ciudadanos (Cs), Javier Amador, quien volvió a la carga y pidió una vez más una reducción general de impuestos argumentando que un gobierno municipal con un superávit de 35 millones no puede seguir "asfixiando" a impuestos a los vecinos y empresarios. El portavoz del PP, Ángel Sabroso, que apoyó la moción junto a Unidos, recordó que, aunque quisiera, el alcalde Augusto Hidalgo no puede bajar el próximo año ningún impuesto, por haber incumplido la regla de gasto que impone el Estado.
Algo parecido, aunque con otros argumentos vino a decir Hidalgo, que terció en el debate y aclaró que es el Estado el que impide disponer del dinero que sobra y echó en cara a Sabroso que ha sido su partido el que impuso la Ley de Estabilidad y su techo de gasto que impiden a todos los ayuntamientos de España, incluido el de Las Palmas de Gran Canaria, gastar 5.000 millones de superávit y penaliza, mientras permanezca en vigor dicha ley, las bajadas de impuestos con una reducción del techo del gasto en una cuantía similar a la disminución que registre la recaudación.
Fue la portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, quien, tras advertir a los partidos del Tripartito que "se les acaba el tiempo y no han dado la talla", la que puso sobre la mesa la necesidad de crear una mesa del ocio -algo que ya planteó en su día sin éxito la plataforma vecinal Las Canteras y su entorno- para "garantizar la convivencia entre empresarios, hosteleros y vecinos y hacer compatible la actividad de las terrazas y otros eventos generadores de empleo, cultura, turismo y negocio con el derecho al descanso de los vecinos". La propuesta fue aprobada por unanimidad y el gobierno también acordó regular la Ruta Playa Viva, para evitar situaciones como las multas de la policía al NYC Bar Taxi, que suspendió en agosto pasado los conciertos para evitar más sanciones porque la gente que acude a los conciertos bebe en la calle, algo que el dueño del bar ha calificado de "acoso" policial. El edil del distrito Sergio Millares se comprometió a buscar un "engarce legal" que permita mantener la celebración de los conciertos y mostró su acuerdo con gran parte de los fundamentos de la moción y con la idea de conciliar el derecho al ocio y al descanso, aunque puntualizó que "tiene que primar" el segundo. El dueño del NYC Bar Taxi, José Bravo, participó en el debate, al que acudió con el respaldo de las 6.100 firmas que ha logrado a través de Change.org, para reclamar de nuevo la regulación de la Ruta Playa Viva. Bravo insistió en que la ruta "está muerta y Millares lo sabe perfectamente, aunque siga diciendo que está muy viva. Sólo pido a Hidalgo fecha y hora para regular la ruta", por la que espera desde hace años y que "no debe depender de las quejas de un solo vecino".
