El paraje natural de La Isleta podría volver a abrirse a la ciudadanía en breve, si se cumplen las expectativas de quienes trabajan desde las instituciones públicas porque así sea. Sobre todo, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que viene esforzándose desde hace meses por alcanzar un acuerdo con el Ejército de Tierra. Ambos son las máximas instituciones con competencias sobre La Isleta, como responsables de su conservación en el caso de la corporación insular y como propietarios del terreno en el de la institución militar.
Las negociaciones que las dos partes vienen manteniendo desde hace meses han dado como resultado la redacción de un convenio, cuya propuesta "se remitió en mayo de 2018 al Ministerio de Defensa y sabemos que está pendiente de último trámite", según recordaba hace unos días la senadora de Nueva Canarias a su nueva titular, Margarita Robles, en la comparecencia que realizó ante la Comisión de Defensa del Senado. El último trámite al que hacía referencia María José López no es más que una firma final que avale el acuerdo ya alcanzado entre el Cabildo y el propio Ejército.
En su respuesta a la senadora canaria, Margarita Robles se comprometió a plantear la cuestión ante los correspondientes responsables militares: "No tenga ninguna duda que en la primera reunión que tenga con los mandos del Ejército voy a plantear esta cuestión. Y me comprometo con usted en venir aquí para tratar el tema o a contestar a una pregunta escrita".
El acceso ciudadano a La Isleta se cerró en abril de 2017, tras un inesperado cambio de criterio del Ejército después de años compatibilizando el uso militar con actividades de senderismo previamente autorizadas. El convenio asume de hecho esa compatibilidad, estableciendo algunas condiciones como que no suponga ningún coste para la institución militar, por lo que deberán ser asumidos por el Cabildo. Del mismo modo se han establecido una serie de rutas guiadas, para grupos que no podrán superar las 50 personas (el máximo permitido por la ley de protección de este paraje natural). Como ya ocurría antes, el acceso está condicionado a una autorización previa, que gestionará y coordinará con la ciudadanía la corporación insular.
El consejero insular de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, explica que "hemos llegado a a un consenso tras varios meses de negociaciones, durante las cuales hemos encontrado una buena disposición del Ejército para reabrir La Isleta a un uso ciudadano". Para convencerlo, el Cabildo ha recurrido diversos argumentos como que "La Isleta es un territorio icónico y referencial a nivel insular por sus valores naturales".
Un consenso, dos objetivos
También ha alegado que no sólo constituye un peculiar marco paisajístico para Las Palmas de Gran Canaria, sino que "puede contribuir por sus valores naturales al proceso de educar ambientalmente a la sociedad y propiciar el contacto del hombre con la naturaleza en una sociedad urbana". De ahí que considere "el senderismo como una actividad recreativa intrínseca a los espacios naturales protegidos".
La política nacional de Defensa también reconoce, por su parte, "la conveniencia de favorecer el acceso de los ciudadanos a los espacios naturales" ocupados por el Ejército, que son numerosos en el conjunto del país.
Pero hay un argumento más de peso que propicia el consenso por parte del Ejército: "permitir a los ciudadanos desarrollar juicios y opiniones sobre los instrumentos con que el Estado les protege de determinados peligros". Uno y otro son objetivos generales de la estrategia militar en su relación con la sociedad. De ahí que mientras el Cabildo persigue ampliar la "concienciación medioambiental" de la población, los militares aspiran a "potenciar la identificación entre el Ejército y la sociedad de la que forma parte".
Una relación que, en el caso de la capital grancanaria, no se ha dado por "su inexplicable presencia en medio de la ciudad más poblada de Canarias", según reflexionaba estos días el ex presidente del Consejo Económico y Social Fernando Redondo en una emisora.
