La trama de facturas falsas vinculadas a obras públicas que llevaban a cabo las constructoras investigadas por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria infló un 46% los trabajos para la ampliación del muelle de Santa Catalina. En concreto, los investigadores encontraron irregularidades en las facturas pagadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la empresa Poseidón 2012 SL, sociedad contratada por FCC para realizar los cajones de acero destinados a la ampliación del muelle de cruceros de Santa Catalina.
En la investigación se destaca que esta empresa facturó a la UTE Muelle Santa Catalina 879.572 euros y la Administración Tributaria halló un desfase de 407.602 euros que se habrían abonado de más al contratante.
Minuciosidad
La investigación fue minuciosa. Según las comprobaciones de los inspectores, el contrato firmado establecía el suministro de 877 toneladas de acero coarrugado para la fabricación de los cajones. La liquidación de las partidas certificadas por la Autoridad Portuaria, sin embargo, fueron de 800 toneladas (792.257 kilogramos más las juntas de los cajones), pero Poseidón, que carece de reservas de ese metal, sólo compró 481.110 kilogramos de acero a Almacenes Tamarán SLU y facturó 641 toneladas a la UTE integrada por FCC.
El precio del kilogramo de acero es de 1,31 a 1,34 euros por lo que el coste real era de 472.000 euros pero la cantidad satisfecha al contratista en exceso fue de al menos 407.602 euros. Poseidón 2012 es una de las 30 sociedades creadas para eludir impuestos a través de la emisión de facturas falsas y el lavado de dinero procedente presuntamente de dos grandes constructoras FCC SA y Comsa SA. El juzgado ha imputado a cuatro de los once investigados por los delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y fraude fiscal.
Las empresas ejecutaban relevantes obras adjudicadas por la Autoridad Portuaria o por el Gobierno de Canarias con los que los dos grandes grupos empresariales tenían contratos en las Islas.
Los datos del sumario judicial, de 11 tomos y más de 10.000 folios, revelan que esta trama de entidades interpuestas ha podido blanquear unos doce millones de euros. Las empresas pantalla entre 2008 y 2013 facturaron 8,1 millones de euros a FCC SA por obras en la Ciudad de la Justicia o la ampliación del muelle de Santa Catalina que no se corresponden con la realidad, según las investigaciones, así como otros 3,4 millones a Comsa SA por obras de dudosa justificación como la aclimatación del Jardín Botánico en el municipio de la Orotava. Poseidón 2012 SL está controlada por Juan Carlos Delgado Neyra, principal imputado en la causa junto al alto ejecutivo de FCC, Juan Antonio Madrigal.
Poseidón utilizó a Cofhisa Obras como proveedora para realizar los jardines de la Orotava cuando no tenía ni personal ni acopio de picón y se dedicaba a la adquisición de obras de arte, por lo que se la considere una empresa "ficticia" en esta trama. Cofhisa es administrada por Fernando Hernández Ibáñez, empleado de alta cualificación de Comsa durante los años investigados.
Las pesquisas por el fraude fiscal comenzaron en 2015, tras hallar la Administración Tributaria irregularidades en las facturas pagadas dos años antes por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a Poseidón 2012 SL, donde figura como administrador otro de los investigados, Manuel Álvarez Gil, y que fue socio fundador de Marine Explorer SL junto a Delgado Neyra. Según los investigadores se observa que los clientes que habían mantenido relaciones comerciales con la sociedad Marine Explorer SL son los que las mantuvieron posteriormente con Poseidón 2012, ya fuera mediante una unión temporal de empresas participadas tanto por FCC SA como por Comsa SA o bien directamente a través de las mismas.
De acuerdo con la información recabada, entre los proveedores de Poseidón figura Cofhisa, con facturas de 333.850 euros o Primera Legión SL, con 36.475 euros. Los investigadores indican que no es comprensible que la principal proveedora de Poseidón, cuya actividad es la obra civil, sea una empresa que se dedica a la compra de obras de arte. La Agencia Tributaria sostiene en su informe que los servicios facturados por Poseidón no están acreditados y considera que se tratan de gastos ficticios que no corresponden con las efectivas adquisiciones o prestaciones utilizadas en la realización de las obras por las que esta empresa obtiene sus ingresos.
En este caso, desde la Agencia Tributaria se aprecia una presunta intencionalidad "defraudatoria" ya que las irregularidades detectadas apuntan a la utilización de un entramado de sociedades que expiden facturas no ajustadas a la realidad para mitigar el pago el impuesto de sociedades.
Los investigadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) han cuantificado además un supuesto fraude a las arcas públicas de tres millones de euros, cantidad que se corresponde con las cuotas no ingresadas por el impuesto de sociedades, todo tras aplicar las empresas su particular "ingeniería financiera" para camuflar los ingresos reales con esas facturas. Se han detectado también préstamos inverosímiles para generar deudas ficticias o el uso fraudulento de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). En esas regulaciones tributarias de 2010, 2011, 2012 y 2013 se asienta la base de la investigación que dirige el magistrado Javier García.
