Los servicios jurídicos municipales consideran que los accionistas privados de Emalsa incurrieron también en competencia desleal, al ocultar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la venta de un 33% de Sacyr a Saur, una operación que ha convertido a la multinacional francesa, cuya mayoría está desde julio en manos del fondo de inversión sueco EQT, en el socio mayoritario de la empresa mixta del agua al acumular el 66% de las acciones.
El informe elaborado por la directora general de la Asesoría Jurídica municipal, Felicitas Benítez Pérez, considera que además de la demanda interpuesta el pasado martes en el Juzgado de lo Mercantil por el Ayuntamiento para reclamar su derecho de retracto - tras la vulneración por parte de los socios privados de su derecho de tanteo o de adquisición preferente de las acciones vendidas-, el gobierno Tripartito puede emprender acciones judiciales por competencia desleal, por el procedimiento ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El alcalde Augusto Hidalgo, reconoció el lunes pasado que existe esa posibilidad, pero no aclaró si el gobierno local pedirá a los tribunales que intervengan contra los autores de la transmisión de acciones a espaldas del Ayuntamiento, que tiene el 34% de las acciones de Emalsa, y por incumplir el pliego del contrato y los estatutos de la concesión, que tienen rango de ley. El regidor se limitó a decir que el consistorio dispone de un año para decidir si acude al juez o no.
En estos momentos, el principal objetivo que persigue el gobierno local es que el juzgado obligue a Sacyr a respetar el derecho de tanteo del Ayuntamiento y le permita comprar un 17% del 33% que le ha vendido a Saur, en una operación llevada a cabo a través de las empresas filiales, Valoriza, Nuinsa y Gestagua. La adquisición de ese 17% de acciones permitiría al Ayuntamiento controlar la compañía del agua, porque pasaría a tener un 51% de la empresa. El consistorio desconoce el precio que tendrían las acciones, pero para ello sólo hay que saber por cuanto dinero se vendió el paquete a Saur el pasado julio.
Por su parte Saur, el único socio privado que queda tras hacerse con control de Emalsa, asegura que la operación es legal y que no cabía el derecho de tanteo porque se trataba de una operación indirecta.
Esta operación indirecta fue tramada, según el informe, para eludir el derecho preferente del Ayuntamiento a la compra de acciones. Benítez añade que, aún el caso hipotético de que no existiera derecho de tanteo, la operación incumple otro artículo del estatuto que impide que un solo socio privado acapare más de un 49% de las acciones. El informe jurídico pone de manifiesto que Nuinsa fue constituida por Sacyr, con varios paquetes de acciones, entre ellas las de Emalsa, que se retiraron antes de Valoriza, para venderla un mes después a Gestagua, la filial de Saur que lleva la gestión del agua en España. A juicio de la jurista, Nuinsa jugó el papel de una especie de sociedad pantalla, "una sociedad de mera tenencia de acciones para, a través de una compraventa indirecta a una filial" de Saur (Gestagua) "convertir" a la empresa francesa en "accionista mayoritario". Gestagua y Nuinsa pertenecen a la misma empresa. El presidente de la primera y el administrador único de la segunda son la misma persona: José Luis Rubio Díaz de Tudanca. "Saur y Nuinsa son una misma cosa y existe una unidad de decisión", destaca el informe.
