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La jueza condena al Tripartito por ocultar información sobre la MetroGuagua

La sentencia ordena al Ayuntamiento entregar la memoria y estudio básico del anteproyecto del BRT a la asociación El Sol sale para todos

Obras de la Metroguagua

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Obras de la Metroguagua Teresa García

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Las Palmas ha condenado al gobierno Tripartito de la capital grancanaria por negarse a facilitar la información sobre el estudio básico y la memoria del anteproyecto de la MetroGuagua, que fue solicitada de manera reiterada por la asociación cívica El Sol sale para todos. El Ayuntamiento ha asegurado a la juez que es "imposible" entregar los documentos solicitados porque no los tiene.

Esta es la cuarta condena judicial al gobierno de Augusto Hidalgo por ocultar la información solicitada por esta asociación. Las tres condenas anteriores están relacionadas con la ocultación de documentos relacionados con el comité técnico asesor de Emalsa y la instalación de fibra óptica, por parte de la empresa Citynet, en la red de saneamiento de la ciudad.

La magistrada María del Carmen Monte Blanco ha ordenado al Ayuntamiento que entregue a la asociación los documentos solicitados, tras estimar el recurso.

El letrado de El Sol sale para todos, Agustín Bravo de Laguna, anunció ayer que la asociación ha acordado emprender acciones penales por prevaricación, administración y otros delitos que involucran a la empresa Guaguas Municipales, en el caso de que el Ayuntamiento recurra la sentencia, que no es firme.

"No estamos dispuestos a que el Ayuntamiento nos toree y nos siga vacilando y continúe utilizando los juzgados para dilatar los procesos, mediante un recurso que no va a ningún lado y que lo único que va a hacer es dilatar el asunto, porque el propio Ayuntamiento ha reconocido que no existe un expediente administrativo. Cuando salga la sentencia de apelación, ya iríamos todos en MetroGuagua", señaló Bravo de Laguna. En la demanda presentada por la vía administrativa, la asociación considera muy grave que el proyecto inversor más importante de la ciudad carezca de cobertura legal.

El colectivo ha cuestionado también la legalidad de la encomienda de gestión del proyecto del Bus Rapid Transit (BRT) a Guaguas Municipales y Geursa y también ve irregular el procedimiento de contratación y elaboración del anteproyecto. La jueza no ha querido entrar en estas denuncias, limitándose a condenar la "inactividad" del Ayuntamiento por no facilitar la información solicitada.

La asociación pidió información sobre la memoria o el estudio básico del BRT el 20 de mayo de 2016. Como el Ayuntamiento ni siquiera contestó, presentó una reclamación el 19 de julio de 2016 ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, que requirió al consistorio el 4 de noviembre de 2016.

El 13 de diciembre de 2016, Guaguas remite a la asociación la información que tiene colgada en la página web de la entidad y asegura que no tiene en su poder ningún expediente que contenga los datos solicitados. La asociación reitera su petición en enero de 2017 y, como respuesta, recibe un "resumen ejecutivo de implementación del BRT", lo que lleva al colectivo a acudir a los tribunales, por entender que el Tripartito está vulnerando su derecho de acceso a la información.

Según el fallo, el Ayuntamiento alega que el acceso a la información es de "contenido imposible" porque "no dispone de la información solicitada". En concreto, el consistorio asegura que no dispone de la memoria del anteproyecto y el estudio básico.

La jueza considera que "la existencia del anteproyecto es un dato que resulta de la documentación remitida como complemento del expediente administrativo" del contrato suscrito el 19 de marzo de 2014 entre Guaguas Municipales y Geursa, por el que Geursa se encarga de la ejecución del anteproyecto de la MetroGuagua. "La Administración", sostiene, "no puede esgrimir como excusa, para incumplir su obligación de entregar la documentación solicitada, que dicha documentación no se encuentra en su poder, pues, de ser así, el Ayuntamiento vendría obligado a remitir la solicitud al órgano competente".

Los demandantes advierten de que lo que presentó el Ayuntamiento fue el expediente de solicitud de préstamo al Banco Europeo de Inversiones (BEI), "como si todo comenzara en 2017". Se pregunta dónde están las encomiendas de gestión y todos los documentos previos y advierte de la "rotunda ilegalidad, tanto en la formación del expediente administrativo desde su inicio hasta su finalización" como por las "omisiones, ausencias, irregularidades e ilegalidades" de todo el procedimiento.

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