Las limpiadoras de los colegios de Infantil y Primaria de la capital grancanaria siguen sufriendo retrasos en el cobro de sus nóminas, pese a la sentencia judicial emitida el pasado mes de septiembre, que ordena a la empresa Ralons Servicios a que abone los salarios antes del día cinco de cada mes y la condena a pagar a los trabajadores todos los gastos que les generen las demoras.
La sentencia dictada por la magistrada del Juzgado de lo Social número 6, Yolanda Álvarez del Vayo, adquirió firmeza el pasado 22 de octubre, porque la empresa no recurrió. El sindicato UGT ha denunciado que los retrasos continúan y reclama al Ayuntamiento que rescate el servicio ante los reiterados incumplimientos de la concesionaria. Fuentes de la dirección de Ralons, por su parte, niegan los retrasos y aseguran que "la última nómina se pagó el día 6 y las dos anteriores, entre el 3 y el 4".
José Luis Sosa Naranjo, secretario de la sección sindical de UGT Colegios, ha denunciado que las 360 trabajadoras -la mayoría son mujeres- que limpian los 64 colegios públicos del municipio han vuelto a soportar los retrasos de nuevo en noviembre, como viene ocurriendo todos los meses, salvo alguna excepción, desde 2012, año en el que la empresa se hizo cargo del servicio.
El pasado 8 de noviembre todavía había empleados sin cobrar, criticó Sosa, pese a que la fecha límite para pagar es el cinco de cada mes, por lo que consideró que hay razones suficientes para que el Ayuntamiento rescate el servicio. Los trabajadores han denunciado las irregularidades al Diputado del Común y el Defensor del Pueblo, a los que han enviado la batería de expedientes sancionadores impuestos por la Inspección de Trabajo a la concesionaria.
La concejala de Educación, Lourdes Armas, indicó que el Ayuntamiento paga a la concesionaria en "tiempo y forma" y que se está terminando la redacción del pliego para sacar a concurso el servicio cuanto antes. Los trabajadores han realizado ya dos huelgas y numerosas concentraciones, pero el problema sigue sin solucionarse, mientras que desde Educación, aseguran que se está exigiendo a la empresa que pague con puntualidad.
La sentencia, por su parte, declara probados los reiterados retrasos en el pago de las nóminas, "como reconocen las actuaciones inspectoras desde el año 2012", mientras que la empresa demandada alega "problemas de liquidez". La jueza declara el "derecho de los trabajadores" a "cobrar el salario de forma puntual", y añade que "en el caso de que la empresa" incumpla el calendario de pago, "se condena a la misma a abonar a los trabajadores todos los gastos que se les genere en el pago de sus recibos bancarios" más los intereses.
La mayoría de las limpiadoras trabajan jornadas de cuatro horas y casi la mitad tienen carácter de fijas discontinuas, porque son enviadas al paro desde finales de junio hasta el uno de septiembre, aclara Sosa, quien añade que pese a ello "el presupuesto de la contrata que le paga el Ayuntamiento no ha variado". Las trabajadoras cobran 460 euros por media jornada.
Los retrasos en el pago de las nóminas, añade el sindicalista, genera deudas a los trabajadoras. "Aquí hemos tenido trabajadoras que me han llamado porque no tienen dinero ni para desplazarse a trabajar", denunció.
La empresa concesionaria está gestionando el servicio en precario, porque el contrato y la prórroga están vencidos. El Ayuntamiento sacó el servicio de limpieza de los 64 colegios de Infantil y Primaria en julio de 2017 por 25,1 millones y un plazo de cuatro años, un concurso que ganó Ralons, pero a raíz de un recurso de la Asociación de Empresas de Limpieza (Aspel), el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Canaria obligó al Ayuntamiento a repetir el proceso en noviembre del pasado año. Ralons recurrió y el Tribunal Administrativo rectificó en parte la primera resolución. Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue adelante con la decisión de sacar un nuevo concurso, basado en la nueva Ley de Contratos del Estado, aprobada el pasado mes de marzo.
