Otras dos sentencias del Tribunal Constitucional han anulado los despidos en abril de 2015 de dos miembros del comité de empresa de la empresa Seguridad Integral Canaria, como represalia por haber protestado el 23 de diciembre de 2014 en un pleno del Ayuntamiento de la capital contra los impagos e incumplimientos laborales, ataviados con una careta del Pequeño Nicolás y con mensajes en sus camisetas en los que se leía “donde hay un corrupto hay un corruptor”, en referencia al entonces propietario de la compañía, el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

Estas dos resoluciones, que se suman a otra similar emitida en septiembre pasado, suponen otro duro varapalo a los fallos de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que respaldaron los despidos disciplinarios de Ramírez, por infracción de la buena fe contractual, falsedad, deslealtad y ofensas verbales. Los vigilantes de seguridad han sido defendidos por el abogado Diego León Socorro.

La Sala primera del Constitucional declara nulos los dos despidos, porque vulneran el derecho de libertad sindical. Según los magistrados, los despidos suponen “una limitación indebida del derecho a la libertad sindical, en relación con la libertad de expresión”.

Los sindicalistas despedidos, señalan ambos fallos, hicieron un “uso legítimo de sus derechos fundamentales de libertad de expresión en relación con el derecho a la libertad sindical”, al exteriorizar “su desacuerdo no sólo con la empresa empleadora, sino también con la pasividad de los responsables municipales que, tras adjudicar la prestación del servicio a Seguridad Integral Canaria, S.A., consintieron pasivamente el impago de los salarios de los trabajadores de la contrata fijados en el convenio colectivo”.

Como en la primera sentencia, los magistrados entienden que “atribuir a la empresa de seguridad la acción de corromper a la Administración, mediante un mensaje escrito impreso en las camisetas, en el contexto de un conflicto laboral, con el propósito de recriminar al Ayuntamiento su pasividad frente al incumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de una empresa adjudicataria de un servicio de titularidad pública -por más que se acompañen de la imagen de dos manos entregándose dinero-, no tenía más significación que la de denunciar la irregular actuación de la administración. Dicha protesta no buscaba otra finalidad que lograr el respeto de las condiciones laborales que se consideraban infringidas, pese a que los responsables de la empresa pudieran considerar que el mensaje impreso en las camisetas fuera ofensivo, molesto o hiriente”.

El fiscal del Tribunal Constitucional comparte que se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y considera que las criticas de corrupción no eran “gratuitas”. Debe tenerse en cuenta, sostiene, que Ramírez “estaba siendo investigado en aquel momento por fraude a la Seguridad Social”, un proceso que aún sigue pendiente, “y que existía en la empresa una evidente conflictividad laboral que estaba dando lugar a varios pleitos en los juzgados de lo social”, lo que “puede suponer que la referencia a la corrupción, como forma de llamar la atención sobre los problemas laborales de la empresa, no resulte tan gratuita como pudiera parecer a primera vista”.

En la sentencia se hace referencia a las cartas de despido, en la que se recrimina a los demandantes de estar presente también en una rueda de prensa del 31 de marzo de 2015, mostrando su apoyo a las declaraciones del entonces secretario de Intersindical Canaria y hoy concejal de Cohesión Social en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega. En dichas afirmaciones se acusaba a Ramírez de ser “un dictador empresarial” y de estar “ante una empresa y un grupo empresarial, con una política basada en el terror y el miedo hacia los trabajadores, la cual cuenta con sicarios empresariales y explotadores, que actúan contra la clase trabajadora”. Ramírez denunció a Ortega por atentar contra su honor, pero el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de junio la condena de la Audiencia Provincial de Las Palmas por llamar "corrupto" y "corruptor" al empresario.

Desde Seguridad Integral Canaria -cuyo nuevo titular es Héctor de Armas tras adquirir en junio pasado la empresa de la que fue administrador único desde 2011-, respaldaron ayer las dos nuevas sentencias y aseguraron que de los nueve sindicalistas despedidos en 2015 “han sido readmitidos todos. Cinco están reincorporados y el resto prefirió esperar a la sentencia del Constitucional para pedir la readmisión, que será inmediata”. Las fuentes aclararon que los despidos se produjeron por “decisión del anterior propietario . Una de las primeras medidas de Armas fue readmitir a todos los que quisieron. Nos alegramos de que la Justicia reconozca aquellos desajustes que se produjeron”.