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El negocio del agua Proceso por fraude societario a 15 ejecutivos de Emalsa

El juez finaliza la investigación del fraude de Emalsa y da paso al juicio oral

El Juzgado inicia el procedimiento abreviado y pide a la fiscal que formule las acusaciones contra los 15 ejecutivos de la compañía mixta investigados

Fachada de la sede de Emalsa, en la avenida Juan Carlos I.

Fachada de la sede de Emalsa, en la avenida Juan Carlos I. SANTI BLANCO

El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Luis Galván, ha finalizado la fase de instrucción, en la que se ha investigado a 15 ejecutivos, técnicos y consejeros de la empresa mixta Emalsa por un presunto fraude societario, y ha emitido un auto en el que pide a la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, que formule su escrito de acusaciones de cara a celebrar el juicio oral. El juez considera que existen indicios de que los socios privados de Emalsa . Las irregularidades detectadas pueden ser constitutivas de un delito societario, a lo que se ñade la existencia de una administración desleal con el Ayuntamiento, el socio público.

El auto, dictado ayer, ordena que se continúe con la tramitación de las diligencias previas por el procedimiento abreviado, tras lo que se procederá al trámite de calificación de las partes, tanto de la acusación como de la defensa, después de lo cual se decide si se solicita la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Las acusaciones particulares tienen también un plazo de diez días para formular sus acusaciones.

Las actuaciones investigadas tuvieron lugar en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, periodo en el que Saur y Valoriza (Sacyr) controlaban el 66% de las acciones de la compañía. El 34% restante está en manos del Ayuntamiento. En la actualidad, Saur se ha convertido en el único socio privado de la compañía, al hacerse con el 66%, tras adquirir este verano el 33% de Valoriza, a espaldas del socio público.

La instrucción, que se inició hace más de tres años, ha durado tanto que algunos de los ejecutivos y directivos investigados ya no pertenecen al consejo de administración de Emalsa. Las principales irregularidades investigadas tras la denuncia de la Fiscalía están relacionadas con el contrato de alquiler de la sede de Emalsa a Satocan, cuyo propietario formaba parte del consejo de administración de la compañía, y con los 19 contratos firmados con Sercanarias, empresa que fue creada por Saur y Valoriza para subcontratar los servicios de Emalsa. Los hechos denunciados por la fiscal de Delitos Económicos y objeto de imputación pudieran ser constitutivos, según el magistrado, de un delito societario, del que "serían responsables, por un lado, los encargados de la gestión y contratación de Emalsa" y también "los firmantes de losdiversos contratos", por parte de Sercanarias y de Satocan, como "cooperantes necesarios, al haber contribuido de manera decisiva" a la "realización de operaciones que podrían haber sido objetivamente perjudiciales para Emalsa y beneficiosas para sus socios privados quienes, a su vez, son los únicos propietarios de Sercanarias". Considera el fiscal que los responsables de Sercanarias y Satocan no pueden escudarse en su desconocimiento de lo que pasaba "dadas las relaciones entre los gestores de ambas empresas".

Gestión desleal

Entre las irregularidades detectadas en la auditoría figura la "omisión completa de procedimiento alguno a la hora de contratar", no sólo en relación con la ley sino con la propia normativa interna de Emalsa, y "una gestión desleal" de la compañía mixta "por parte de los socios privados de esta, favorecida por el hecho de ser al mismo tiempo los que facturan el servicio o suministro contratado y los que las abonan".

"El análisis crítico que se ha realizado sobre el informe de auditoría pone de manifiesto que las relaciones contractuales entre Emalsa y Sercanarias habrían implicado un perjuicio no sólo para el socio público de la misma", el Ayuntamiento de la capital grancanaria, "sino también para los ciudadanos, teniendo en cuenta que Emalsa se financia a través del precio del agua".

Uno de los contratos que pueden haber sido lesivos para el interés general es el del alquiler de la sede de Emalsa en la avenida Juan Carlos I, por las que la empresa mixta paga 75.000 euros al mes.

El juez llama la atención de que a pesar del elevado precio que se pagaba mensualmente al propietario de Satocan, Juan Miguel Sanjuán -que también se sentaba en el consejo de administración de Emalsa como representante de Valoriza-Sacyr-, las oficinas estuvieron dos años sin ocuparse y en la actualidad sólo se usan dos de las tres plantas contratadas.

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