La Asociación canaria de Afectados por la zona azul y verde (AZVA) ha ganado 32 recursos judiciales contra el Ayuntamiento porque, según el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas, el Consistorio se salta el procedimiento exigido por la legislación tributaria general. La deuda del total de los afectados, que han recurrido de manera individual, es cercana a los 45.000 euros.
Las sentencias, que son firmes, por lo que no cabe recurso del Ayuntamiento, corresponden a un total de 160 liquidaciones, la mayoría de ellas por estacionar en zona azul durante los años 2015 y 2016.
La presidenta de la asociación, Beatriz Gálvez, señaló ayer que es un "paso muy importante" en su reivindicación y que los afectados están muy contentos ya que para muchos la sentencia ha supuesto "un alivio" al tener importantes deudas contraídas con el Ayuntamiento que afectaban a su ya precaria economía. Algunos de los recurrentes llegaban incluso a deber 5.000 y 7.000 euros pese a que el Ayuntamiento ha facilitado el pago fraccionado.
La asociación lleva cerca de dos años batallando contra el método que tiene el Ayuntamiento para cobrar las multas cuando no se abona el tique de aparcamiento o se pasa un automovilista del tiempo estipulado en estas zonas, establecidas por Movilidad en la ciudad para permitir la rotación de los estacionamientos en la vía pública, y que están reguladas por la ordenanza de 2014. "Una y otra vez el Ayuntamiento se está saltando la ley general tributaria", subrayó Gálvez por vía telefónica después de hacer pública la resolución a los medios de comunicación ante las Oficinas Municipales.
El abogado de Legistas Abogados, Gerardo Ramírez-Auyanet Martín, que ha llevado los casos, explicó ayer que el Ayuntamiento se salta la obligación que tiene como administración pública por la ley general tributaria de notificar al infractor de la llamada "propuesta de resolución", una comunicación que debe efectuar por correo al afectado pese a tratarse de importes pequeños. Se trata de un paso previo para que éste pueda presentar alegaciones antes de que el Ayuntamiento emita una resolución sobre el caso.
Ramírez-Auyanet añadió que el Ayuntamiento "no suspende la obligación de pagar" pese a saltarse este procedimiento, por lo que continúa con el proceso abierto, incluso para aquellas personas que han recurrido la multa y a las que da silencio administrativo por respuesta. Y también para aquellas otras que han creído que no había que pagar porque las tasas no eran legales.
En los casos recurridos, el Ayuntamiento no ha emitido las liquidaciones en el año correspondiente al que no se pagaron las tasas, sino que ha ido acumulando la deuda durante varios ejercicios hasta hacerlas públicas y embargar las cuentas de los afectados. Una situación que ha provocado situaciones dramáticas en algunas familias que viven con un salario mínimo.
