La decisión del gobierno Tripartito de no excluir las viviendas que dan a la carretera general del Norte y mantenerlas en el plan de reposición de Las Rehoyas avoca la reconstrucción a la judicialización y una posible parálisis antes de empezar.
El presidente de la asociación de vecinos Rehoyas Avanza, Juan Francisco Sarmiento Medina, anunció ayer la presentación de un doble recurso judicial, uno contra el plan de reposición aprobado la pasada semana en junta de gobierno, que incluye las casas de la conocida como barriada de La Paz donde habitan los que se niegan a que les derriben sus casas y el segundo, contra la construcción de un edificio en el parque de Las Rehoyas. Sarmiento lo advirtió en su intervención después de que el pleno diera vía libre, con los votos en contra de la oposición, al edificio de siete plantas del parque con la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación para compensar en el parque deportivo de La Ballena el espacio libre perdido en Las Rehoyas.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, centró su intervención en defender la actuación en el interior del parque con la que, a su juicio, el parque ganará 2.000 metros cuadrados y Las Rehoyas un total de 50.000 metros cuadrados de zona verde, tras insistir en que el nuevo edificio sólo afectará al aparcamiento.
En cuanto a los contrarios a la reposición indicó que sigue "manteniendo el diálogo. Nunca nos hemos negado" a excluir sus vivienda de la reposición. "Cuando lleguemos" a la zona de los vecinos que, "en estos momentos han manifestado su rechazo, podemos sentarnos a hablar", dijo.
Pero los vecinos exigen que se excluya algo más de 300 casas del plan y se respete su deseo de quedar al margen. El portavoz de los vecinos calificó su inclusión en el plan de reposición como el "mayor atropello de derechos" que han sufrido.
Sarmiento Medina sostuvo que no es cierto que el Gobierno canario apoye el plan y denunció que la situación les impide vender o alquilar sus casas que, insistió, nunca han pertenecido al antiguo patronato Francisco Franco de viviendas sociales del que forman parte las otras 2.000. "Siempre han sido privadas. Muchos de nuestros representados tienen un préstamo hipotecario, porque compraron hace pocos años sus casas. ¿Creen ustedes que los bancos van a permitir que un contrato mercantil privado se convierta en escombros por una decisión política?", preguntó. Añadió que las casas están en perfecto estado porque han sido rehabilitadas por sus propietarios y pidió a Doreste que "deje de manipular y generar enfrentamientos entre vecinos".
Los portavoces del Partido Popular, Unidos por Gran Canaria y Ciudadanos acusaron al gobierno Tripartito de poner en riesgo la reposición al incluir a los vecinos contrarios y "destrozar" un parque sin necesidad, con el edificio de siete plantas.
