Los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife preparan catálogos e informes sobre los vestigios del franquismo que persisten en ambas ciudades, en forma de monumentos o en el nombre de sus calles, para determinar en qué casos hay que aplicar la Ley de Memoria Histórica.
Las dos capitales canarias están entre los 637 municipios a los que este mes se ha dirigido por escrito el Ministerio de Justicia (ocho de ellos en las islas), para emplazarles a retirar de los espacios públicos todo símbolo de exaltación del franquismo.
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, "hay un informe provisional que debe elevarse a la Comisión de Cultura para que estudie si son más o menos calles, placas o símbolos", ya que es un proceso que "tiene un efecto sobre los ciudadanos" en el que "hay que ser cuidadoso y procurar que tenga un respaldo jurídico e histórico", ha señalado su alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE).
El equipo de gobierno de la ciudad (PSOE, NC y Las Palmas Puede) tenía intención de llevar este asunto de inmediato a la Comisión de Cultura, pero tras la petición que han recibido del Ministerio de Justicia se trabaja "en un expediente específico para remitirlo al Gobierno central", con un informe jurídico e histórico.
Hidalgo ha confiado en que "se aprovechará el trabajo realizado por los historiadores, técnicos y miembros de la comisión de Memoria Histórica que se creó al principio del mandato", para así "elaborar ese catálogo cuando la comisión de Cultura lo apruebe".
Además, ha recordado que Las Palmas de Gran Canaria "ya realizó en los años ochenta muchas modificaciones a estos efectos", como "cambiar el nombre de la avenida Francisco Franco por Primero de Mayo o la plaza de la Victoria por la plaza de España", aunque no niega que "puede ser que aún queden vestigios" de la dictadura.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ahora gobernado por Coalición Canaria y PP, también cambió en 2008 el nombre de ocho calles: entre ellas la rambla General Franco, que pasó a ser Rambla Santa Cruz, o la avenida General Mola por avenida Islas Canarias, dos de las principales vías de la ciudad.
Su concejal de Cultura, José Carlos Acha (PP), defiende que esta ciudad ha aplicado la Ley de Memoria Histórica desde que se aprobó, si bien admite que no lo ha hecho con método, sino "a trompicones", hasta que en este mandato se ha encargado un estudio científico y sistemático de todo el callejero, aún en fase de elaboración.
Acha precisa que aún no hay una decisión tomada sobre qué se hará con el "Monumento a la Victoria", también conocido como "Monumento a Francisco Franco", una obra de Juan de Ávalos situada en la confluencia de la avenida Francisco Larroche con la rambla de Santa Cruz.
La decisión la adoptará el Ayuntamiento cuando concluya el informe científico encargado a un equipo de la Universidad de La Laguna por la Comisión de Memoria Histórica de la ciudad.
En el estudio se examinará todo el callejero para determinar las vías con nombres de antiguos responsables de la dictadura o de sus actividades represivas.
No obstante, José Carlos Acha considera "no es casualidad" el momento en el que el Ministerio de Justicia ha avisado a 637 municipios españoles para que retiren vestigios franquistas, pues, en su opinión, se trata de "una cortina de humo" para desviar la atención de los problemas que atraviesa el Gobierno en cuestiones como el separatismo en Cataluña.
"Desconocen nuestra realidad, desconocen lo que hemos hecho aquí para aplicar la Ley de la Memoria Histórica y sacan estas cosas para desviar la atención", dice Acha.
Y, al respecto, recuerda que con el actual equipo de gobierno se han tomado decisiones como nombrar Hijo Predilecto de Santa Cruz de Tenerife a José Carlos Scwartz, el último alcalde republicano de la ciudad, quien fue detenido y desaparecido por las tropas franquistas.
