La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide ocho años de prisión para un hombre que, presuntamente, se apropió de una parte del dinero percibido por la venta de una vivienda que pertenecía a una señora con la que había entablado una amistad. Además solicitó tres años de cárcel para la pareja de este por complicidad.
Según recoge el escrito de acusación, F. M. P. estableció una relación de amistad, llegando a mudarse al mismo edificio en el que vivía M. N. G. en Las Palmas de Gran Canaria. La mujer se encontraba en una situación económica difícil, por tanto, el acusado le hizo varios préstamos en 2005 y 2007 que suman un total de 38.000 euros.
M. N. G. tenía una propiedad ubicada en El Álamo, Madrid, que constaba de una parcela de 500 metros cuadrados y una vivienda de 108 metros, adquirida a través de un contrato privado.
Preocupada por sus limitaciones económicas, la mujer decidió vender el inmueble y, debido a la confianza que tenía en el acusado, le otorgó la potestad para que este realizara las gestiones de venta de la finca, dando mandato verbal a F. M. P, no solo para realizar las negociaciones, sino también para fijar el precio, el plazo y las condiciones y para elevar a público el contrato, con el fin de tener la facultad para venderla entera o por partes, según lo reflejado en la escritura.
En noviembre de 2017, acordó la venta de la propiedad por la cantidad de 222.734 euros, de los cuales recibió cuatro pagarés de 15.000 euros cada uno. En el momento en el que se le otorgó la escritura pública de compraventa y ante el notario en Madrid, le fue entregado al acusado el dinero faltante en dos cheques, uno por 50.000 y otro de 112.375 euros, emitidos a nombre de M.N.G., de los cuales solo le entregó a la afectada el último. El sobrante de 109.195,78 euros, presuntamente, se los quedó, trasladándose luego de vivienda y culminando la relación de amistad que mantenía con la mujer.
Al tiempo, M. N. G. supo el precio real por el que se vendió su inmueble y presentó una demanda contra el acusado. En la misma, el hombre alegó que ese dinero fue destinado para el pago de el abogado, que cobró 6.603,24 euros, y de una supuesta reforma de la vivienda, que costó 69.948 euros, además de los 33.448,76 por el abono de lo que le había prestado a la afectada. Sin embargo, los compradores señalaron que la vivienda no había sido reformada, y no se pudo comprobar lo afirmado por el acusado. Ambas partes acordaron que F. M.P. le devolviera a M. N. G. 87.907,68 euros, más 26.372,30 euros por costas e intereses.
El 28 de enero de 2013 se dictó el decreto acordando el embargo de los inmuebles del acusado para garantizar el pago. Después, el matrimonio, presuntamente, acordó la donación de las propiedades de F. M. P. a I. U. A. para evitar hacer frente a sus deudas, ya que estan casados con régimen de separación de bienes.
F. M. P. se enfrenta a ocho años de prisión por los delitos de apropiación indebida, estafa personal en grado de tentativa, falsedad documental y alzamiento de bienes. Mientras que el ministerio público solicita para I.U. A. tres años de prisión y declarar nula la donación de las viviendas para hacer frente al pago.
