El Juzgado de lo Mercantil número uno ha dictado un auto en el que ordena al auditor de la compañía Emalsa que desvele el valor que tenían las acciones de la compañía, en el momento en el que se produjo la transmisión del 33% que le otorgó el control de la empresa mixta del agua a Saur. En concreto, lo que pide el juez es que se fije el precio de un 17%, sobre el que el Ayuntamiento quiere ejercer su derecho preferente de compra, para sumarlo a su 34% y hacerse con la mayoría. Para ello ha reclamado conocer el valor de las acciones cuando se produjo el traspaso.
La multinacional francesa se ha hecho con la titularidad del 66% de las participaciones, después de que Sacyr, el otro socio privado de la empresa mixta, le transmitiera en julio pasado su 33%, a espaldas del Ayuntamiento de la capital grancanaria, que ha denunciado por "fraudulenta" la operación en los tribunales.
El auto emitido el pasado 17 de enero por el magistrado, Alberto López Villarrubia, atiende a una de las dos reclamaciones efectuadas por los servicios jurídicos del Ayuntamiento en la demanda presentada para reclamar su derecho de retracto en la compa venta de las acciones de la compañía mixta. El Tripartito ha denunciado además que la operación incumple los estatutos de la empresa, que impiden que un único socio privado controle más del 49% de las acciones.
El juez ha ordenado también a Emalsa, atendiendo la petición del Ayuntamiento, que certifique la titularidad de las acciones en manos de Saur, lo que permitiría acreditar que es una sola compañía la que controla el 66% por ciento de las acciones, aunque la multinacional francesa, cuya mayoría ha sido adquirido por el fondo inversor sueco EQT, argumenta que las acciones pertenecen también a Nuinsa, la empresa que fue creada y vendida a Saur por parte de Sacyr en en un mes para enmascarar la venta del 33% de las acciones de Valoriza (Sacyr) y eludir el derecho de tanteo de la ciudad.
Recurso
El juzgado ha accedido a las peticiones del Ayuntamiento, que rechazó la parte privada, después de que los servicios jurídicos municipales presentaran un recurso de reposición contra la providencia dictada el pasado 4 de diciembre de 2018, que denegó las actuaciones. La providencia ha sido finalmente revocada al aceptar el juez los argumentos del consistorio. Según el auto, la parte privada de Emalsa se opuso a la solicitud del Ayuntamiento, al amparo del artículo 128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), según el cual "cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen en disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba". A juicio del magistrado, la denegación inicial del conocimiento del valor de las acciones "no es correcta, pues no se ha pedido la exhibición de un documento que se halla en poder de Emalsa, sino un requerimiento al auditor" de la empresa "para que fije el valor de unas acciones de dicha sociedad, lo que resultaría necesario para el ejercicio del derecho de retracto que se pretende a través de la acción ejercitada". "Por tanto", añade , "se entiende que la resolución recurrida vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva" del Ayuntamiento "al denegar un medio de prueba que resulta necesario para el derecho que se ejercita". Idénticos argumentos utiliza el juez, al ordenar a Emalsa que certifique quienes son los dueños del 66% de acciones privadas. El alcalde Augusto Hidalgo valoró muy positivamente el auto. "Nos va a permitir saber el valor de las acciones y, en el caso de que la sentencia nos de la razón, nos pondrá en una posición privilegiada para hacernos con el control, sin tener que adquirir el 100%", sostuvo.
