La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado cinco años de prisión y 531.919,52 euros de multa para tres personas por cometer delitos contra la Seguridad Social.

El escrito de acusación del ministerio público explica que J. M. A. de 48 años de edad tenía una empresa que supuestamente se dedicaba a realizar pequeños trabajos de albañilería. Sin embargo, según el ministerio público, su fin era realizar contratos a inmigrantes a cambio de una remuneración económica, pues señala que estas personas no llegaron a trabajar en el negocio del acusado. Además resalta que los falsos empleados requerían los contratos para tramitar permisos de trabajo, residencia, reagrupación familiar y prestaciones con cargo al sistema público.

La empresa estuvo dada de alta por cuatro años y en ese periodo contrató a 233 personas, de las cuales, solo 19 eran españoles. Posteriormente se asoció con M. G. T. de 45 años de edad, quien tenía un despacho profesional como letrado y con D. R. D. que era su secretaria.

J. M. A era el encargado de negociar las cantidades cobradas, que variaban dependiendo del objetivo que tenía la persona. Si era para obtener la renovación de un permiso de trabajo o reagrupación familiar el costo de la inscripción podía llegar a los 1.000 euros. Asimismo, debían pagar mensualmente 200 euros mientras estuviesen dados de alta. Mientras que, M. G. T. y D. R. D. se encargaban de todos los trámites ante la Seguridad Social de los falsos empleados.

Los acusados no realizaron los pagos de las cotizaciones a la administración pública por las personas dadas de alta. Generándose una deuda de 1.446.740,15 euros. Además, 61 de estos obtuvieron prestaciones de la administración con cargo al Sistema Público de Empleo Estatal (SEPE), causando un perjuicio total de 177.309,98 euros.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados la pena de cinco años de prisión, una multa de 531.919,52 euros, por el delito continuando contra la Seguridad Social en concurso medial con otro también continuado de falsedad en documento público por incorporación, una indemnización al SEPE de 177.309,985 euros y la imposibilidad de obtener subvenciones y beneficios de seguridad social por ocho años.