El juicio contra las tres personas acusadas de cometer delitos contra la Tesorería de la Seguridad Social, la solicitud de la pena en el grado mínimo por la defensa de este, así como la petición de modificación de la condena por parte de la Fiscalía para él y cinco años de prisión para los otros dos presuntos implicados quienes se declararon inocentes.

El ministerio público ratificó este martes en sus conclusiones que se debería considerar una reducción en la pena de Juan M.A por haber sido el único que confesó los hechos, mientras que mantuvo la petición de condena de cinco años para Miguel G. T. y Dairy R. D. pues señaló que existen pruebas suficientes que demuestran la culpabilidad de ambos, señalando que una de ellas son las escuchas telefónicas durante la investigación policial. "Se oye claramente como Juan M. A. le dice a Miguel G. T. que debe darle de alta hoy y baja mañana a una mujer porque a esta se le venció el plazo para poder cobrar la ayuda", enfatizó.

Por su parte la defensa de Miguel G. T. solicitó la nulidad de los audios y manifestó que Juan M. A. ha declarado ser drogadicto por lo cual su palabra, según el letrado, no debería tener mayor relevancia ya que "es una persona que cuenta lo que le haga falta", sentenció. Reseñando que su defendido niega rotundamente su participación en la trama encargada de ese negocio fraudulento siendo su palabra suficiente.

El letrado de Juan M.A pidió la pena en su mínima extensión alegando que este cometió los hechos estando bajo los efectos de estupefacientes, pues señaló que desde los 18 años su cliente consume heroína y además presenta una enfermedad terminal producto de sus abusos con las drogas. Igualmente, haciendo uso de su derecho a la última palabra, el acusado pidio disculpas por el fraude que cometió. "Pido perdón por haber estafado a la Seguridad Social" expresó.

Asimismo, el abogado de la secretaria de uno de los acusados, Dairy R. D. resaltó que su cliente no tiene nada que ver con los delitos pues afirmó que ella solo seguía órdenes de Miguel G. T. 6 y que además solo cumplía con las labores de asistente del gestor, por lo cual requirió la absolución.

Los acusados que presuntamente se unieron para lucrarse realizando contratos a falsos trabajadores, en su mayoría inmigrantes que requerían darse de alta en el sistema público para poder realizar trámites de permisos de residencia, trabajo y reagrupación familiar, así como cobrar la prestación del paro, se enfrentan a un delito continuado contra la Seguridad Social en concurso medial con uno también continuado de falsedad en documento público por incorporación por el cual se les solicita una multa de 531.919,52 euros a cada uno, así como una indemnización al Sistema Público de Empleo Estatal (SEPE) de 177.309,985.