El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha calificado de “nefasta” la reestructuración de servicios sociales que PSOE, Podemos y NC han hecho “in extremis”, coincidiendo con el final del mandato, lo que a juicio del PP confirma que “a pesar de las promesas” se trata de un “mandato perdido” en esta materia.

La concejala Rosa Viera explica que a pesar de tener disponibilidad económica, “no han buscado solución a los problemas sociales”. Hoy leemos la denuncia del personal del Distrito Centro ante una “errónea propuesta de solución” consecuencia de los retrasos en las atenciones, valoraciones y tramitaciones de las prestaciones de los ciudadanos del Distrito Ciudad Alta.

“La solución que propone el Tripartito es repartir el problema entre otros tres distritos, que también están saturados. ¿Cómo puede ser esa la solución? Ahora los usuarios de otros tres distritos verán aumentadas sus listas de esperas en atenciones, valoraciones y tramitaciones de las prestaciones”, explica Viera.

Los populares recuerdan que el tripartito decía que la media en pagar las prestaciones económicas era de 18 días, y 7 las urgentes. "Las mentiras tienen las patas muy cortas", asevera Viera, que adelanta que las ayudas sociales pendientes de pago desde octubre “siguen sin ser abonadas”.

“Sabemos que hay listas de reservas paralizadas de personal administrativo desde hace dos años, de trabajadores sociales más de un año... Tienen disponibilidad económica. Lo pueden defender ante la Ley como Servicios Esenciales. Llevan casi cuatro años gobernando. ¿Por qué han permitido y permiten esta situación que afecta directamente a las áreas más sensibles de una administración, y a las personas y familias más vulnerables y que peor lo están pasando?”, añade la concejala. La edil concluye que el tripartito no sabe gestionar de manera eficaz y eficiente. “No hay verdadero interés”, finaliza.

Fraude social

Asimismo los populares recuerdan el “fracaso” del IBI Social, del Bono Social Deportivo, la falta de oficina antidesahucios, la devolución de más del 50% de la cantidad de programas contra la pobreza concedido por el Gobierno Nacional o los retrasos en los pagos de ayudas de primera necesidad desde octubre del año pasado por no tener dinero en la partida.