El comité de empresa del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha anunciado que la plantilla está valorando convocar una huelga en el caso de que el gobierno municipal no tenga listo en diez días todas las gestiones necesarias para la devolución en el mes de abril de los recortes que sufrieron los algo más de 50 trabajadores y trabajadoras en el anterior mandato por la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2015, que fue anulada por los tribunales el 28 de febrero de 2018. La huelga afectaría a las competiciones de miles de niños durante los fines de semana.

El personal se siente discriminado con respecto al resto de trabajadores municipales que han cobrado parte de los retrasos a principios de febrero y en el Instituto Municipal de Deportes siguen esperando por la devolución un mes después.

Los trabajadores están indignados y consideran que el Gobierno tripartito se está riendo de ellos "al revés y al derecho"·, según aseguró un representante.

El presidente del comité de empresa del IMD, Juan Carlos Ben Modo, indicó que desde el pasado mes de septiembre de 2018 "se han venido realizando diferentes gestiones para que se ejecute la sentencia, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo el abono".

"Lo más grave aún si cabe", añade en un comunicado, "es que no han contabilizado los abonos que afectan a los 56 trabajadores, lo que indica la dejadez absoluta de este Tripartito en cumplir las sentencias que afecta a los trabajadores municipales".

Ben Modo añadió que les consta que "tanto el concejal de Deportes", Aridany Romero, "como la gerente del Instituto Municipal de Deportes". Leticia López Estrada, "han realizado las gestiones necesarias para que se ejecute la sentencia".

El representante de los trabajadores se muestran muy críticos con el alcalde Augusto Hidalgo, que no los ha querido recibir, pese a que se le pidió, por parte del comité, una reunión urgente. Hidalgo, asegura, se limitado a dar "el silencio por respuesta".

Por otro lado, el resto de la plantilla del Ayuntamiento tampoco ha cobrado las ayudas sociales correspondientes al periodo que va desde los años 2013 a 2017, según denunció Intersindical Canaria.