La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha levantado la suspensión cautelar de las nuevas tarifas del taxi que entraron en vigor en diciembre pasado, tras estimar las solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que se anulara el auto emitido el pasado 15 de enero, por el que se ordenaba la paralización cautelar de los nuevos precios.
Este nuevo auto hace que quede sin efecto la suspensión cautelar y que se mantengan en vigor las nuevas tarifas, que en la práctica nunca se llegaron a suspender, porque tanto el Ayuntamiento, como el Gobierno canario, la Asociación de Trabajadores del Taxi (ATAT) y las cooperativas de taxistas de San Cristóbal y Las Palmas recurrieron dicha resolución.
El juez atiende la solicitud del Ayuntamiento, que pidió la nulidad del auto de suspensión, al considerar que tiene razón el consistorio al quejarse de indefensión porque la sala nunca citó a la institución para oír sus argumentos antes de dictar la orden.
La sala estima por tanto la solicitud de nulidad de auto, levanta la suspensión cautelar las nuevas tarifas y retrotrae las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha resolución, “a fin de que se dé trámite para alegaciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”. Contra este auto no cabe recurso alguno.
La orden de suspensión, ahora anulada, es consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) y la Asociación de Asalariados del Taxi en Las Palmas (AATP), dos colectivos minoritarios, que se opusieron a la subida de los precios del taxi, en una media de un 11%, que entró en vigor el pasado 20 de diciembre.
Esta medida supuso el incremento de los precios, salvo para 31.000 vecinos que viven en la periferia de la ciudad, a los que ahora les cuesta entre cuatro y seis euros menos coger un taxi, al aplicarse la tarifa única en todo el municipio y eliminarse la interurbana.
Las asociaciones que se opusieron a la subida hablaban de un incremento de hasta un 45% y pidieron la suspensión cautelar de la medida hasta que los jueces dicten sentencia sobre el recurso.
Los magistrados, que atendieron inicialmente esta solicitud de suspensión cautelar, dan marcha atrás ahora y anulan la paralización hasta escuchar los argumentos del Ayuntamiento, que fue el que aprobó los nuevos precios.
Los jueces reconocen ahora que el Ayuntamiento “no pudo hacer valer sus argumentos”, lo que supone la posibilidad de causar una “indefensión real y efectiva” que “esta Sala considera necesario subsanar a través de la declaración de nulidad” del auto de suspensión, “a fin de oír al Ayuntamiento, en cuanto administración con competencias en materia de transporte urbano en relación al servicio público del taxi”.
