El desahucio de Nereida y Natalia Espino Ojeda, las dos hermanas de la Vega de San José con tres hijos a su cargo que tenían para ayer una orden de lanzamiento, tendrá que esperar. Tras una llamada de la abogada del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, Isabel Saavedra, al procurador pertinente, este le informó de que en la jornada de ayer no había notificado ningún tipo de lanzamiento. Según la letrada, los juzgados tendrán que solicitar ahora una nueva orden de desahucio, en esta ocasión a nombre de estas dos mujeres.

El jueves de la semana pasada, 21 de marzo, las autoridades se presentaron a las puertas del número 21 de la calle Córdoba con la intención de desahuciar a la inquilina del propietario del inmueble. En lugar de esta se encontraron a Nereida y Natalia, dos hermanas que llegaron al piso víctimas de una estafa. Pues contactaron con un señor que les entregó las llaves y a quien le dieron una fianza, aunque este desapareció posteriormente, según las dos hermanas.

Saavedra señala que al ser personas diferentes quienes vivían en el inmueble, estos llegaron a un "acuerdo", por el cual ellas deberían abandonar la vivienda en el plazo de una semana, el cual se cumplía ayer jueves. Dicho pacto sería "irregular" desde el punto de vista de la letrada, pues entre otras cuestiones, no se establece una hora determinada para el lanzamiento. La rapidez con la que las hermanas Espino contactaron con el Sindicato de Inquilinos jugó a su favor.

"Si ellas no tienen donde ir se quedan", indica la letrada. "El juez abrirá la puerta para desahuciarlas, pero ahora ellas cuentan con garantías", señala. No obstante, Saavedra aclara que según la legislación vigente, en base a un Real Decreto aprobado con Consejo de Ministros el año pasado, una persona no puede ser desalojada de su domicilio, con o sin contrato, si en la familia existe una situación de vulnerabilidad social esta no podrá ser desalojada del inmueble.

En este caso, las hermanas Nereida y Natalia Espino Ojeda cuentan con uno y dos hijos respectivamente, de entre 5 y 11 años de edad. Además, ambas se encuentran ahora en situación de desempleo, por lo que carecen de ingresos regulares.

La intención de la letrada es llegar a un acuerdo con el actual propietario del inmueble para que este les redacte un contrato de alquiler a las perjudicadas. "Con un contrato podrán ir al Ayuntamiento y solicitar ayudas al alquiler", señala.

No obstante, Saavedra apunta que no pararán de buscar alternativas a la situación de estas mujeres. "Esto es una tregua", señala Ruymán Rodríguez, del Sindicato. Ambos denuncian el creciente número de desahucios entre inquilinos en los últimos años en la capital grancanaria ante la escalada de los precios.