El Centro de Educación Obligatoria Omayra Sánchez de Marzagán fue ayer sede del programa Educar en Justicia impartido por la presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, en la que los alumnos presenciaron la simulación de un juicio y despejaron parte de sus dudas sobre las leyes españolas.
Los menores escenificaron un caso real, enjuiciado en Las Palmas de Gran Canaria, en el que dos jóvenes fueron condenados por intento de homicidio y robo a un mendigo al que trataron de quemar vivo. Los estudiantes siguieron un guión elaborado por la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, en el que fingieron ser los acusados, testigos y peritos del juicio.
Los menores, de edades comprendidas entre 11 y 15 años, se mostraron asombrados tras descubrir que algunos actos a los que consideran "travesuras" pueden llevarlos a juicio, al ser considerados un delito. "¿Y se puede ir a la cárcel por acoso?", preguntó sorprendida una de las asistentes, a quien la magistrada, Pilar Parejo, le respondió que sí.
"El acoso escolar está penado y se puede ir a un centro de menores al ser condenado por ese delito", destacó la jueza.
La magistrada también explicó que, a partir de los 14 años, ya se tiene responsabilidad penal, por lo cual, un joven puede ser remitido a un centro de menores si la autoridad judicial lo considera. En el caso de la capital grancanaria, los adolescentes que delinquen pueden ser recluidos en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) de La Montañeta. Además, recalcó que, de no existir cupo, el joven sería enviado a Valle de Tabares, en Tenerife.
La magistrada explicó a los menores las distintas órdenes jurisdiccionales existentes, que son: civil, penal, social y contencioso, así como los casos que corresponden a cada una de ellas. También adquirieron conocimientos sobre la estructura de la Administración de Justicia y cómo se desarrolla un juicio penal.
"¿Ha tenido algún caso de islamofobia?", preguntó con inquietud uno de los menores a la jueza, a lo que esta le contestó, que "aún no". Seguidamente, el adolescente le solicitó a Parejo que explicase a sus compañeros el significado de esa aversión, así como el de homofobia. Por lo que, la magistrada aprovechó para advertir a los presentes que causarle daño a una persona por su raza, clase social o religión es considerado un crimen de odio que se paga con cárcel.
Para Pilar Parejo pertenecer a este programa es importante, ya que su intención es que los jóvenes comprendan "las consecuencias que pueden tener sus actos".
"Algunos no son muy conscientes del daño que pueden causar por determinadas situaciones, que, además, pueden tener repercusión penal", aseguró Parejo, quien resalta, además, que salir de su entorno judicial para informar a los niños es algo muy "especial".
El encuentro, al que asistieron unos 30 adolescentes, finalizó con los estudiantes expresando su gratitud a los representantes del Poder Judicial por transmitirles estos valiosos conocimientos en el ámbito legislativo. De igual forma, varios alumnos aseguraron que les gustaría pertenecer a la Policía Nacional, estudiar Derecho e incluso ser juez.
