Tarde y mal. Presionado por las críticas, el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, decidió el pasado lunes rectificar su decisión inicial y poner en marcha a partir de hoy comedores de verano y talleres para los niños y niñas que han tenido cuota cero durante el curso escolar por pertenecer a familias con escasos recursos económicos.

El gobierno municipal desconoce todavía cuantos escolares de cuota cero se apuntarán a los comedores que funcionarán en paralelo a los campus de deportes en marcha, en cuyas actividades participarán también durante lo que queda de julio y agosto.

Fuentes del tripartito indicaron el pasado sábado que "sólo una decena de familias se han dirigido al Ayuntamiento, por lo que se espera que este lunes empiecen entre 10 y 15 niños en los campus de verano". Conforme lo vayan solicitando, se irá incorporando el resto, añadieron.

"El lunes empezaremos con los niños que haya. Tenemos toda la infraestructura preparada para ofrecer durante julio y agosto los comedores escolares a los niños y niñas que nos derive la Consejería de Educación". Esto fue lo único que señaló un portavoz del gobierno local, pues la concejala de Educación, Lourdes Armas, declinó hacer declaraciones.

Durante los últimos cinco años ha sido la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la que se ha encargado de organizar los comedores y talleres de verano para los niños en situación de exclusión, pero este ejercicio decidió dejó de montar los talleres y se limitó a convocar ayudas de tres euros por alumno para los comedores escolares, cuya puesta en marcha correría a cargo de los municipios. La consejera de Educación en funciones, Soledad Monzón, explicó que el pasado verano ya se informó a los ayuntamientos de que "ese iba a ser el último año en el que organizábamos los talleres". Según Monzón, el objetivo de la decisión era optimizar los recursos y no separar a los niños en exclusión del resto, ya que "muchos de los talleres y comedores que organizaba la Consejería se celebraban en los mismos colegios donde tenían lugar los talleres lúdico-educativos de los ayuntamientos. Se planteó la necesidad de unir los niños en los mismos talleres municipales".

Además del cambio en las condiciones, que ha sido criticado por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) al considerar que la decisión se tomó sin adoptar un acuerdo con los ayuntamientos, la Consejería de Educación convocó las ayudas entre el 10 y el 14 del pasado mes de junio, con solo cuatro días de plazo, y justo cuando los gobiernos municipales estaban en funciones.

Pese al escaso margen de tiempo, que luego fue prorrogado hasta el 26 de junio, unos 28 ayuntamientos se acogieron a la subvención, se supone que los más interesados en ofrecer este recurso. Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, uno de los municipios que no solicitó inicialmente la ayuda, reunió a los directores de los centros nada más tomar posesión y montó los comedores. Por el contrario, el Ayuntamiento de la capital grancanaria aprovechó el cambio en las reglas de juego por parte de Educación para desentenderse del tema, con la excusa de que era un asunto del Gobierno canario.

Y esta ha sido la postura del Ayuntamiento hasta que la presión mediática y las críticas de los partidos de la oposición han obligado a cambiar de opinión a Augusto Hidalgo, que el pasado lunes decidió organizar los comedores, aprovechando la infraestructura de los campus deportivos. El verano pasado se apuntaron en julio a los comedores en la capital sólo 428 niños del total de 2.980 de cuota cero y acudieron 202. En agosto se apuntaron 375 y acudieron 130, lo que supone que sólo el 11% del total solicitó el recurso, del que destaca la función de los talleres para integrar a los niños. Esta circunstancia refleja el buen funcionamiento de la extensa red de ayudas sociales que ofrece el Ayuntamiento, el Banco de Alimentos, Cáritas y el resto de ONG y cuestiona las críticas que afirman que la falta de comedores hace que los niños de familias empobrecidas pasen hambre. Pese a todo ello, Hidalgo solicitó el miércoles a Educación que le remitiera los datos de los 3.086 alumnos de cuota cero que hubo este año. Monzón no mandó los datos, porque la ley de protección se lo impide, y envió un correo a los directores de colegios para que contactaran con las familias y se dirijan al consistorio.