El juez obliga al tripartito a readmitir a 145 barrenderos tras anular sus despidos

Además obliga a la administración a abonarles los salarios que han dejado de percibir desde el 1 de enero de 2019 hasta que la readmisión tenga lugar. La actual responsable de Limpieza, la concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina, ha indicado que en los próximos días se citará a los trabajadores despedidos para llevar a cabo una "admisión provisional hasta tanto se resuelva todo" y añadió que los servicios jurídicos están estudiando si recurren en casación o no la sentencia, aunque "la obligación de la Administración es recurrir".

La edil recordó que entre los 280 barrenderos que el servicio acaba de contratar por seis meses, tras resolver la lista de reserva convocada, hay algunos trabajadores que fueron despedidos el pasado 31 diciembre. "Lo primero que vamos a hacer es convocarlos para saber quienes están en esa situación y que ellos decidan si quieren continuar con el contrato de seis meses o se acogen a la admisión provisional", indicó.

En esa situación se encuentra unos 40 peones, según los cálculos de César Santana, delegado de Comisiones de Base de Canarias (Co.Bas), el sindicato que planteó la demanda contra el despido colectivo, a la que luego se sumaron los sindicatos Sepca e Intersindical Canaria.

Santana indicó que la sentencia es consecuencia de la "mala gestión" realizada por la exconcejala de Limpieza, Pilar Álvarez y consideró que el fallo obliga a contratar a los peones como indefinidos no fijos.

Según los magistrados Ignacio Duce Sánchez, María Jesús García Hernández y Javier Ramón Díez Moro, "no se puede justificar" la contratación en la modalidad temporal de obra y servicio de los trabajadores, ya que todos ellos realizaban labores ordinarias del servicio de Limpieza y lo que hacían era suplir las graves carencias que padece el servicio, que en la actualidad tiene más de 100 vacantes.

Los demandantes fueron contratados inicialmente del 5 de marzo al 4 de septiembre de 2018, en la modalidad obra y servicio, para desarrollar el proyecto denominado Limpieza Lineal de Barrios. Pese a que el contrato vencía el 4 de septiembre, a la mayoría se les notificó, entre el 6 y el 8 noviembre, que causarían baja por vencimiento de contrato el 31 de diciembre de 2018. A algunos se les anunció el despido antes y a otros en la última semana de noviembre.

"Las tareas realizadas por dichos trabajadores mientras duró su contratación fueron las mismas que habitualmente llevan a cabo los trabajadores de plantilla del servicio de Limpieza", destaca la sentencia. A juicio de los magistrados, el "fraude es patente" en la modalidad de contratación de los barrenderos porque ha quedado "acreditado que las tareas realizadas por los trabajadores aquí afectados en nada difieren de las ordinarias y habituales de limpieza".

Todos los contratos ostentan "una temporalidad aparente o formal, de manera que han de reputarse fraudulentos y concertados por tiempo indefinido.... Nos encontramos ante una extinción contractual masiva unilateralmente acordada y carente de justificación", sostienen.

Alarmante carencia de personal

La sentencia que anula los despidos advierte en varias ocasiones de la "alarmante carencia de personal" que tiene este servicio esencial, algo que vienen denunciando desde hace años los sindicatos y que se refleja en el pésimo estado de muchos barrios de la ciudad. "Existe una notoria carencia de personal en dicho servicio, estando además muchas plazas vacantes, por lo que se necesita reforzar la plantilla de forma permanente para la ejecución de las tareas habituales de limpieza, ya que en otro caso tal servicio sería muy deficiente", sostienen los magistrados.

César Santana, de Co.Bas, consideró que la sentencia viene a poner fin al "varapalo" sufrido por los trabajadores, que fueron despedidos "tras sufrir una concatenación fraudulenta de contratos" y destacó la labor del abogado laboralista Alejandro Pérez Peñate, que "vio la vía jurídica para defender un conflicto colectivo por despido nulo. Ha sido una batalla en la que él encontró el resquicio para interponer la demanda, en donde hasta ahora se percibía una lucha perdida".

A juicio de Santana, lo que ha ocurrido es el resultado de "la mala gestión realizada por la exconcejala Pilar Álvarez", que estuvo marcada por "irregularidades en la contratación" desde el principio. Recordó que en 2015, al poco de iniciarse el mandato pasado, Álvarez despidió a 250 trabajadores, de los cuales dos empleadas denunciaron y ganaron el pleito, ordenando el juez que fueran reincorporadas a sus puestos de trabajo. "Sin embargo", añadió Santana, "la concejal apostó por indemnizarlas con dinero público".

"Ahora toca", añadió, "que el actual grupo de gobierno acate el fallo judicial y no recurra, demostrando así que está al lado de la seguridad para las familias en forma de trabajo y salarios dignos. Entendemos que un Ayuntamiento siempre se tiene que poner al lado de las personas", por lo que espera que llame a los despedidos y despedidas para que se reincorporen a sus puestos de trabajo a la mayor brevedad posible". Según Co.Bas, ello contribuiría, además de a dar cumplimiento a la sentencia por despido nulo, a "estabilizar la deficitaria plantilla de Limpieza hasta que se convoquen oposiciones". El sindicato espera que no se opte por las indemnizaciones con dinero público, como se ha hecho en anteriores ocasiones.

César Santana y el también delegado de Co.Bas Julián de la Rosa impulsaron inicialmente, en enero de 2019, las denuncias individuales, planteándose más adelante el conflicto colectivo "en defensa de los derechos de esos trabajadores y trabajadoras a un empleo digno y de calidad". Posteriormente se sumaron a la demanda los delegados Domingo Martín y Carmelo Martorell, del sindicato Sepca, así como Fernando Rivero, Marcelo Guerra y Carmelo Lobato, de Intersindical Canaria.