Las obras de las torres del Canódromo se reactivan después de diez años paralizadas tras la batalla que iniciaron los vecinos para echar abajo la construcción de los dos edificios de 14 plantas y 120 casas.
Varios obreros de una subcontrata de la empresa constructora Sinergia Building Services iniciaron el pasado miércoles los trabajos previos para terminar la construcción de las dos torres, según confirmó un encargado de la compañía. La obra fue impulsada por Realia Business S. A., propietaria de la parcela. Cuando el juez ordenó la paralización, sólo se había levantado la estructura de una de las torres y empezaba a levantarse la otra.
Después de varios pleitos ganados por la asociación de vecinos Avecalta - los jueces llegaron a anular la operación urbanística al considerar que hubo desviación de poder al autorizar, siendo alcalde José Manuel Soria, el cambio del planeamiento para edificar en el parque del Canódromo en una zona con la edificabilidad agotada-, las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo han respaldado el plan especial del Canódromo. El TSJC validó en 2016 la legalidad del Canódromo y el Supremo volvió a avalar la operación a finales de 2018, tras rechazar un recurso de Avecalta.
El último fallo judicial se ha producido hace varias semanas y tiene que ver con la caducidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento a Realia en 2013 y sólo viene a respaldar la vigencia del permiso de obra.
La resolución de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada el pasado 5 de julio, rechaza un recurso que presentó Realia Business, al que se adhirió el Ayuntamiento de la capital grancanaria, contra una sentencia del 2 de noviembre de 2016, pese a que el fallo le beneficiaba, aunque estimaba parcialmente un recurso de Avecalta.
En concreto, la sentencia establecía que la licencia urbanística otorgada en 2013 a la inmobiliaria no había caducado.
Los jueces César García Otero, Óscar Bosch y María Mercedes Martín llaman la atención sobre la "incongruencia" que supone que Realia recurra una sentencia que le da la razón, porque rechazaba la petición de Avecalta, que había interesado la caducidad total del permiso de construcción.
Fuentes del gobierno tripartito consideraron ayer que esta sentencia vuelve a dar por válida la licencia concedida a Realia y añadieron que "el Ayuntamiento no puede hacer nada más que cumplir con la sentencia. Los jueces consideran que la licencia sigue siendo válida".
