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Cerca de cien palmeras y otros árboles han sido talados o se han caído este año

La cifra de ejemplares perdidos desde 2016 se acerca a los 800 l Ben Magec plantea la necesidad de crear una ley que proteja y fomente el arbolado urbano

Fila de palmeras trasplantadas hace meses que siguen entablilladas en la Rambla de Jinámar.

Fila de palmeras trasplantadas hace meses que siguen entablilladas en la Rambla de Jinámar. JOSÉ CARLOS GUERRA

Cerca de cien palmeras y otros árboles han sido talados o se han caído en lo que va de año en Las Palmas de Gran Canaria, una cifra que no incluye los ejemplares de jardines o zonas privadas ni los que se han transplantado. Según los datos facilitados por la Concejalía de Parques y Jardines, que dirige Inmaculada Medina, en los primeros seis meses de este año han sido talados 32 árboles y 45 palmeras y otras 20 se han caído, lo que supone un total de 97 árboles perdidos que las fuentes municipales atribuyen a "enfermedades" o por "seguridad pública"en el caso de las talas.

Especialmente preocupante es el aumento de talas de palmeras, cuyo número supera en este medio año a las 41 que fueron taladas en todo el año 2017 y casi a las 49 de 2016. En total, en los últimos tres años y medio han sido cortados un total de 698 ejemplares, de los cuales 196 fueron palmeras. La cifra de arbolado urbano perdido entre 2016 y julio de 2019 se eleva a 771 si se añaden las palmeras caídas. En esta cifra se incluyen los 100 árboles talados en La Galera en 2017, porque algunos vecinos se quejaron de las molestias que les causaban. Parques y Jardines destaca que la cifra de árboles plantados durante el mismo periodo duplica a los perdidos. Así señala que se plantaron un total de 1.570, ejemplares, de los que 644 son palmeras, pero no aclaran si en dicha cifra se incluyen los numerosos árboles que han tenido que ser transplantados por las obras de la MetroGuagua y otras actuaciones, entre ellas las más de 40 palmeras trasladadas de Blas Cabrera Felipe a la Rambla de Jinámar o las 14 washingtonias de Luis Morote que fueron replantadas en San Nicolás, donde se han terminado secando por falta de mantenimiento.

Eugenio Reyes, portavoz de la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción, plantea la necesidad de crear una legislación que proteja y fomente el arbolado urbano, similar a la ley que aprobó la Comunidad de Madrid.

Advierte del "gran vacío legal que propicia la indefensión en la que se encuentran los árboles en esta ciudad", incluidos los que forman parte del patrimonio histórico como las palmeras bicentenarias de San José, que fueron trasplantadas este mes por HiperDino con el visto bueno de un técnico municipal, pese a que una palmera de más de 30 años no tiene garantías de supervivencia si es replantada.

O el caso de las nueve palmeras también canarias que fueron taladas en 2018 para instalar el tendido eléctrico de Red Eléctrica de España, con el visto bueno del Cabildo de Gran Canaria.

Tampoco se ha creado en la ciudad, recuerda, el Catálogo de Árboles Singulares de la Ciudad que reclamó la Plataforma ciudadana en defensa del patrimonio natural y que Medina anunció hace más de dos años que se estaba poniendo en marcha.

Según Reyes, "en Madrid, un árbol de más de diez años o de más de 20 centímetros de grosor ya es patrimonio urbano y no se puede cortar porque se entiende que ya participa de la historia de la ciudad y ya está consolidado. Se considera que un árbol en esas condiciones ya es productor de oxígeno, un combatidor excelente del cambio climático, aparte que el 80% de su madera es carbono puro".

"Es una pena que esta ciudad, que quiere tener una oferta de turismo de cruceros y que quiere ser una ciudad amable para el ciudadano y para el visitante se esté convirtiendo en una losa de cemento. Es una irresponsabilidad estratégica enorme", considera Reyes, quien entiende que lo que está ocurriendo en el municipio, con la creación de plazas donde apenas hay árboles o no hay directamente y la vegetación se reduce a pequeños arbustos en macetones, forma parte de una tendencia que se está desarrollando por todo el sur de Europa y que "tiene que ver con la colonización de los espacios públicos".

"En Sevilla", recuerda, "talaron miles de árboles hace dos años y en Córdoba también. Se transforman las zonas verdes en plazas urbanas y se cobra una tasa municipal para que se ponga una mesa. Es la privatización del espacio urbano, que está provocando un montón de conflictos en la gestión sostenible de la ciudad". En esa concepción del espacio urbano como fuente de negocio, el árbol ensucia, molesta y además su mantenimiento cuesta dinero.

El portavoz ecologista entiende que la tendencia tendría que ser la opuesta a la que se está produciendo, porque la protección de los árboles que ya existen y el aumento del arbolado constituyen a la " lucha estratégica contra el cambio climático, mejora la calidad de vida de la ciudad, estabiliza las temperaturas extremas y le da más larga vida a las edificaciones porque su sombra evita que les dé tanto sol y que se dilaten tanto por un exceso de sol".

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