El magistrado Arcadio Díaz Tejera ha sido destinado al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, por lo tanto, será el encargado de sustituir a la diputada de Podemos, Victoria Rosell, que ejerció como titular de dicho juzgado hasta el pasado mes de marzo. De esta manera, el juez informa que prevé comenzar a ejercer sus labores a principios de noviembre.

El destino de Díaz Tejera en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria está previsto que sea publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, según expresa el magistrado, tras haber presentado su candidatura en el concurso. A pesar de ello, afirmó a este periódico, que no tomará posesión del cargo hasta principios de noviembre, debido a que se encuentra de vacaciones desde ayer y, además, al regresar deberá cumplir con varios compromisos laborales, por lo que su nombramiento estará suspendido temporalmente.

Cabe destacar que, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, era la hoy diputada Victoria Rosell, hasta que solicitó la excedencia voluntaria para poder presentarse como candidata por el partido Unidas Podemos en las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril. Situación administrativa que fue declarada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de marzo.

Arcadio Díaz Tejera ejerce actualmente como magistrado de la Audiencia Provincial de San-ta Cruz de Tenerife, pero su currículum y trayectoria va más allá. Él exdiputado del Común de Canarias, es profesor de Derecho Constitucional y Admi-nistrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Asimismo, representó a Gran Canaria como senador durante tres legislaturas al ser electo por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Asimismo, el CGPJ lo designó en octubre de 2016 como coordinador del plan de acción ju- dicial del Consejo de Europa, una labor que ejerció en Estrasburgo.

Díaz Tejera se enfrentará a casos como el de Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, a quiénes la fiscal Evangelina Ríos les imputa los delitos contra la Seguridad Social y defraudación tributaria, y por los que la Unión Sindical Obrera (USO) solicita ocho años de cárcel.