Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 23 de mayo obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a abonar a la empresa mixta de Aguas Emalsa 10,7 millones de euros en concepto de facturas devueltas, además de unos intereses de demora que superan la cifra de 1,3 millones de euros. El Consistorio llevará a votación hoy en el pleno ordinario de septiembre una modificación de crédito para poder abarcar el pago. Este fallo judicial solo supone un nuevo episodio del largo conflicto entre ambas partes, el cual lleva prolongándose durante más de una década y ha afectado a la gestión de varios grupos de gobierno.
Los más de 10 millones de euros que deberá pagar el Ayuntamiento corresponden a facturas pendientes por el servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales de la capital; recibos que corresponderían a un periodo que va desde diciembre de 2014 hasta julio de 2017. Por lo que una parte responderían a mensualidades bajo el mandato municipal de Juan José Cardona y otras al de Augusto Hidalgo. El Consistorio decidió, bajo el paraguas del gobierno de los populares, dejar de abonar a Emalsa, pues alegaron que las cuentas de los técnicos municipales no correspondían con las que enviaban la entidad que presta el servicio. Un escenario que se repetiría en tiempos del tripartito.
Este periódico intentó ayer contactar con la Concejalía de Servicios Públicos, de la cual depende Aguas, sin éxito, para intentar corroborar si el Ayuntamiento ha abonado o no los pagos correspondientes a Emalsa por el saneamiento a partir de julio de 2017. Lo cierto es que el programa de gobierno del tripartito -PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias-, refrendado tras las últimas elecciones municipales de mayo para el mandato 2019-2023, abre la puerta a una posible remunicipalización de la empresa mixta en caso de que esta no cumpla con las estipulaciones contenidas en los pliegos de la contratación del servicio.
El TSJC corroboró mediante decreto del pasado 26 de julio la sentencia firme de mayo. La Sala de lo Contencioso Administrativo admitió a trámite un recurso de apelación por parte de Emalsa en referencia a un fallo que dictó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de la Audiencia Provincial de Las Palmas el 15 de octubre de 2018, momento en el que la jueza estimo parcialmente la demanda de Emalsa. El documento señala que, "paradójicamente, en virtud del planteamiento que desde el principio del litigio ha mantenido el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el presente recurso de apelación ha de ser necesariamente estimado".
Lo cierto es que, sin entrar en detalles, el TSJC señala que "como primer motivo impugnatorio" Emalsa alega la caducidad del expediente de regularización de facturas iniciado por el Ayuntamiento, al haberse superado el plazo de tres meses desde su apertura. Una tesis a la que el Consistorio se opuso, según refleja la sentencia, pero que, finalmente, no ha sido refrendada por parte de la Justicia.
De esta manera, y en base a la legislación vigente, la Justicia apunta en las diferentes sentencias que deben proceder a "acoger" las alegaciones presentadas por Emalsa, en cuanto a la caducidad efectuada se refiere. "Con la consiguiente estimación del recurso, sin necesidad de entrar a analizar el resto de las cuestiones planteadas", reseñan los documentos dictados en mayo de 2019 y en octubre de 2018.
"En algún momento debemos parar esto y reconducir la situación y esa tarea debe ser de toda la corporación", señaló ayer Ángel Sabroso, concejal del PP. "La relación entre el Ayuntamiento y Emalsa está más judicializada que nunca, no tenemos control alguno sobre la política hidráulica municipal", añadió.
El Ayuntamiento ha sido condenado en los últimos años en varias ocasiones por esta misma cuestión, con sentencias a favor de Emalsa por retrasos en el pago de facturas del servicio de saneamiento que se remontan a tiempos de la Alcaldía de Jerónimo Saavedra. El TSJC también ha respaldado al Consistorio en otras ocasiones. El pasado julio obligaron a Emalsa a pagar a la ciudad la tasa por ocupación de suelo.
