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El edificio de Jinámar afectado en agosto por un incendio seguirá sin luz en Navidad

La compañía aseguradora continúa sin aceptar el informe del perito para comenzar las obras, que se demorarían unos 2 meses

Incendio en un edificio de Jinámar

Incendio en un edificio de Jinámar

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Incendio en un edificio de Jinámar Christian Afonso

Los vecinos del inmueble afectado por un incendio en el cuarto de contadores a finales de agosto en las Ramblas de Jinámar seguirán sin tener luz en sus viviendas, como mínimo, hasta después de Navidad. Las obras para recuperar la instalación eléctrica en el edificio y reparar sus desperfectos no se han iniciado ya que su compañía de seguros no ha dado todavía el visto bueno al informe del perito, que se envió hace casi 15 días. Sin esta aceptación, no se podrán comenzar las actuaciones que, en un primer momento, se piensa que podrían demorarse durante dos meses y medio en el mejor de los casos.

Tras 40 días desde que se produjo el suceso, los vecinos siguen sin ver cerca la solución que les permita regresar a sus hogares. La mayoría de ellos ya se han resignado a tener que abandonar el edificio y alquilar otra alternativa habitacional, y lamentan que el dinero que les ha prometido la aseguradora -500 euros al mes por vivienda- se queda corto en la mayoría de los casos ya que es un estudio que se basa en el precio de alquiler en la zona de Jinámar, cuando el barrio no tiene tanta oferta para absorber a las más de 40 familias que se han quedado fuera de casa. Aseguran que, ni existen tantas opciones en las inmediaciones, ni las que hay son tan baratas como les han hecho creer.

El presidente de la comunidad de vecinos, José Domingo Carbonell, indica que el "cabreo es monumental" entre los habitantes del inmueble "porque se está tardando mucho en la respuesta definitiva de la aseguradora" que dé comienzo a la obra. De hecho, no bastará solo con dar el visto bueno, sino que además se tendrá que hacer la transferencia de dinero a la constructora, y eso puede ampliar más los plazos. El presupuesto que se presentó refleja la necesidad de invertir 110.000 euros para que el edificio pueda volver a ser habitable ya que, más allá de reinstalar todo el cuadro eléctrico, también se tendrá que dar una mano de pintura y rehabilitar el cuadro de contadores y la entrada, que se vieron seriamente dañados.

Posteriormente a ello, los vecinos tendrán que esperar a que el Ministerio de Industria dé, por su parte, el visto bueno a la nueva instalación eléctrica y a que Endesa coloque los nuevos contadores, ya que las llamas carbonizaron los anteriores. Una gestión que también podría retrasarse y que amplía los plazos a más de los dos meses y medio que tardaría la remodelación en un principio. "Para mí que pasaremos fuera de casa las Navidades y me atrevería a decir que algo más", insiste Yeray Rodríguez, uno de los afectados.

En su caso particular, Rodríguez ha tenido que alquilar un piso vacacional, ya que no pudo encontrar otra opción que le permitiera quedarse con sus mascotas por menos de un año. "El mercado del alquiler es inexistente y abusivo ahora mismo", critica. Además, el dinero que les está dando la aseguradora es insuficiente en su caso, porque está teniendo que pagar más por la vivienda de un dormitorio en la que se encuentra. Lo mismo le ocurre a Carbonell, que abona una mensualidad de 650 euros por el suyo. "Vivir fuera de la casa de uno es vivir sin comodidades", apunta el presidente de la comunidad de propietarios.

Desde que se produjera el suceso el 31 de agosto, los vecinos no han podido volver a hacer vida normal en sus domicilios. En el edificio, se vieron afectados los servicios de luz y agua. Esta última ya fue repuesta por la empresa, pero el problema de la instalación eléctrica es mucho más profundo y requiere de más tiempo hasta su subsanación. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aludió a un supuesto informe del servicio jurídico que no existía -solo fue una contestación verbal- para negar la ayuda a esta comunidad de propietarios porque al ser de titularidad privada podían incurrir en un presunto delito de prevaricación. "No hay ningún encaje jurídico", resaltaron los letrados.

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