La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias advierte en un informe sobre la instalación de un centro de servicio a embarcaciones deportivas de gran porte en el muelle del Refugio y el "riesgo para la salud, el bienestar y calidad de vida que supone" su emplazamiento en esta parte de la ciudad por la "cercanía objetiva de la infraestructura a la población general", tanto residente, como ocasional o transeúnte. El documento, emitido por el Servicio de Sanidad Ambiental, fue elaborado en 2018 como respuesta a las denuncias remitidas al Ejecutivo autonómico por varios colectivos ciudadanos en las que manifestaban "su alarma por el nuevo proyecto y su desconcierto ante el resultado de los trámites administrativos a los que estaba siendo sometido". Una vez concluido, el contenido del informe fue remitido tanto a esas organizaciones como al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Para la elaboración del informe, la Dirección General no dispuso del proyecto modificado que fue sometido a evaluación de incidencia ambiental por parte del Ayuntamiento, por lo que carece de datos concretos sobre cómo se desarrollará su actividad. De todos modos, la administración autonómica realiza una serie de observaciones generales acerca del impacto potencial que puede tener el proyecto en el área colindante. Lo hace partir de una serie de factores vinculados tanto con el tipo de actividad que se quiere desarrollar en la parcela y como con su emplazamiento en el istmo, cerca de infraestructuras usadas por población sensible como niños o ancianos.
El documento señala que el tipo de actividad que los promotores quieren llevar a cabo conlleva necesariamente la utilización de "materias primas con un potencial impacto negativo para el medio ambiente y consecuentemente para las personas". En concreto, menciona productos con metales pesados, hidrocarburos, aceites minerales, compuestos clorados o disolventes de "gran volatilidad". Además, el manejo de sustancias químicas para la limpieza por chorreo puede provocar la emisión de "partículas sólidas que se depositan en todos los medios físicos", incide Salud Pública haciendo referencia a las denuncias realizadas por personal de aduanas del Puerto de Las Palmas por su "exposición a los potenciales efectos nocivos de las partículas y gases" emitidos durante "la actividad de reparación de barcos, que es una de las actividades del astillero ubicado a 150 metros".
El informe también analiza la compatibilidad con otras actividades: el taller sería "una actividad industrial ubicada dentro del puerto", pero en una zona de interacción con usos comerciales, de ocio o restauración. A juicio de Salud Pública, esta dualidad "plantea una discordancia en cuanto a cuál de los binomios puerto ciudad versus puerto-industria se pretende priorizar".
La cercanía objetiva de la instalación a la población general es otro de los aspectos mencionados por Sanidad Ambiental. En concreto, el informe considera que "es probable" que en función de la magnitud de su actividad el área de influencia del taller alcance zonas "de gran densidad demográfica en las que la dirección predominante de los vientos favorecería su exposición a las emisiones ligadas a la actividad". No solo atmosféricas, sino también a ruidos u olores, especifica. En la zona de la pasarela, además, los transeúntes "serían receptores 'de primera mano" al estar ubicada "prácticamente al nivel de esta instalación".
El impacto del centro de servicios a embarcaciones deportivas de gran porte sería "adicional y acumulativo al existente en la actualidad" en el Puerto. De acuerdo con la administración autonómica, las emisiones de esta instalación se sumarían a las industriales del Puerto, al tráfico marítimo y a la atención hotelera a los cruceros, que ya "supone una emisión constante al aire ambiente y el riesgo de vertidos". Además, también "existirá un impacto visual alto en un paisaje de significación histórica y cultural", señala en referencia al cercano Castillo de La Luz. Por último, el informe elaborado por la jefa de sección de Análisis de Riesgos subraya que "existe una percepción del riesgo en la ciudadanía e incluso de alarma social en los vecinos de la zona colindante y diversos colectivos del Puerto".
En cualquier caso, la Dirección General recuerda en sus conclusiones que no es posible "evaluar estos factores desde el terreno de la hipótesis" a pesar del potencial efecto "en la salud, bienestar y calidad de vida de los ciudadanos" que constata el documento y señala que en el momento en que algún órgano solicite su evaluación en salud "se procederá a su valoración a partir de la información aportada por el promotor".
