Una treintena de migrantes africanos pide comida en Santa Catalina de madrugada

Un grupo de 26 migrantes africanos, que han llegado en patera en la última semana a la isla, se presentó la madrugada del pasado miércoles ante la Policía Local de Santa Catalina, a la que pidió por señas comida y agua. Según indicaron fuentes de la Policía Local, estas personas que aseguran haber venido de Sierra Leona, fueron puestas en la calle, por la falta de plazas que hay en la isla para prestar asistencia a los migrantes. En estos momentos hay un solo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), radicado en Tenerife, porque el de Las Palmas de Gran Canaria, el de Barranco Seco, fue cerrado el pasado año para reformarlo y mejorar su estado. En la última semana han arribado a Canarias 320 personas en pateras y cayucos, más de la mitad de los cuales llegaron a Tenerife y el resto a Gran Canaria y Fuerteventura.

El propio delegado del Gobierno, Juan Salvador León, reconoció la pasada semana que hay migrantes en la calle debido a que el centro de internamiento de Hoya Fría se encuentra "casi en máximos".

En el caso concreto de los migrantes que deambulaban de madrugada por Santa Catalina, terminaron en la vía pública tras salir de los calabozos donde permanecieron después de ser detenidos por llegar en patera. Por regla general -aunque hay excepciones con los menores, los enfermos y las mujeres-, los migrantes que llegan de manera irregular son detenidos y pasan a disposición judicial. Permanecen en los calabozos durante un máximo de 72 horas y luego se les deriva a un CIE, si no son expulsados, durante un máximo de 60 días.

Según la versión facilitada por las fuentes de la Policía Local, el grupo apareció en Santa Catalina sobre las tres de la madrugada y se dirigió a los agentes pidiéndoles comida y agua por señas.

Los guardias avisaron a la Policía Nacional, que les explicaron que tuvieron que dejarlos en la calle por la falta de plazas, tras las últimas llegadas del último fin de semana y la imposibilidad de derivarlos a Tenerife, ya que el CIE de Barranco Seco tiene previsto abrir a principios de noviembre.

La Policía Local les dirigió a la Cruz Roja de León y Castillo, a donde llegaron caminando y donde se les ofreció bocadillos y zumos a primeras horas de la mañana de ayer, según informaron desde la ONG.

Desde la Cruz Roja los derivaron a Cáritas para que utilizaran el comedor que tiene la entidad en su sede de Escaleritas. Allí se hicieron cargo de las 26 personas, que durmieron en la parroquia de Santa Isabel de Hungría.

Este periódico intentó, sin éxito, hablar con el delegado del Gobierno, Juan Salvador León, para conocer su versión sobre lo ocurrido con estas personas.

Por su parte, Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), planteó la necesidad de aumentar las plazas de acogida en las islas de forma que, al menos, "permita dar respuesta a las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación irregular y no son devueltas a sus países de origen".

Aún reconociendo que la capacidad operativa de Canarias es "limitada", Lorenzo consideró que se debería "garantizar las condiciones mínimas de las personas, muchas de las cuales son inexpulsables, unas condiciones mínimas", que no se dan en estos momentos.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social tiene una serie de programas de atención humanitaria destinados a las personas en situación irregular que no pueden ser expulsados a su país de origen, tras salir de los CIE. En Gran Canaria hay 38 plazas que gestiona CEAR; Cruz Roja gestiona ocho plazas en Tenerife y otras ocho en La Gomera.

Se trata, opina Lorenzo, "de un número poco significativo para poder dar respuesta a un incremento sostenido desde el año pasado" de la llegada de migrantes "por vía marítima, como el que estamos experimentando. Eso genera problemas logísticos importantes, como el que estas personas se vean abocadas a un situación de calle o una situación de exclusión social, que es complicada de gestionar por los servicios sociales municipales y por toda su red social".

Ante este crecimiento, sostuvo, debería haber una "perspectiva muy colaborativa coordinada entre las diferentes administraciones e instituciones" para afrontar la atención.

En cualquier caso, Juan Carlos Lorenzo lamentó que se esté encarando el control de los flujos migratorios desde una estrategia de "control de fronteras" y de "política interior", en lugar de "poner el acento en una acogida digna y garantista" de estas personas, por un lado, y en "el desarrollo de los pueblos empobrecidos y en conflicto" para evitar que esta gente se vea forzada a abandonar su tierra y, lo que es peor aún, a jugarse la vida para salir adelante.