Una década sin construir ni una vivienda social y 4.000 familias en lista de espera

El Ayuntamiento asegura que ha cedido suelo al Gobierno canario para construir más de mil casas en zonas como Tamaraceite, Escaleritas (zona de Pepe Gonçalves), Doctor Chiscano (trasera del Negrín), Jinámar, Tamaraceite Sur y Las Torres.

Sin embargo, las familias que esperan por una casa social tendrán que armarse de paciencia porque el Gobierno canario no contempla partidas en el presupuesto del próximo año para vivienda de protección en régimen de alquiler, según reconocen desde el propio ejecutivo.

La única inversión en vivienda pública que se ha hecho en el municipio en los últimos cinco años, que no ha sido poca, se ha centrado en el plan de reconstrucción de las casas baratas de Tamaraceite, en el que se han inyectado más de 23 millones, y la rehabilitación de viviendas de Escaleritas, El Lasso y Tres Palmas (7,6 millones). El próximo año se espera que arranque también la reconstrucción de Las Rehoyas, que aún no ha empezado pese a que hay una partida del Gobierno de España y otra del de Canarias.

Con la excusa de la crisis, el grifo se cerró desde 2009 para la promoción de casas sociales dirigidas a las familias más vulnerables, en un momento en el que lo más necesario era ampliar el parque público de viviendas.

Y es que la creciente dificultad para acceder a una vivienda se está convirtiendo en un peligroso factor de exclusión. A la nula promoción pública de casas en régimen de alquiler o de compra, se une el encarecimiento de los alquileres, los sueldos basura, el paro y la precariedad laboral, que empobrecen a la clase media. El edil de Urbanismo y Edificación, Javier Doreste, asegura que el Gobierno canario tiene suelo cedido por el Ayuntamiento, a través de Visocan o del Instituto Canario desde hace años para construir más de 1.000 viviendas. "El municipio tiene suelo disponible para construir 4.000 más", destaca el edil, quien añade que el Consistorio "está dispuesto a colaborar, haciendo los proyectos e, incluso, cambiando suelos si el Gobierno quiere ahorrarse los costes de urbanización".

"La ley dice que si en cinco años el Gobierno no actúa, el suelo cedido revierte a la propiedad municipal. No lo hemos hecho, pero estamos dispuestos a recuperar esos suelos", si no hay promociones de viviendas.

Asegura que el Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento negociaron al principio del mandato anterior con las inmobiliarias para comprarles los pisos que estaban vacíos -el 28,3% de la vivienda construida en la ciudad está sin ocupar- y crear una bolsa de pisos, "pero nunca fue posible por los altos precios que estaban pidiendo".

El concejal es optimista con los nuevos responsables de Vivienda del Gobierno regional. "En la reunión que hemos mantenido planteamos la necesidad de construir" casas sociales y en régimen de venta y "hemos salido muy satisfechos".

"Creemos que en este mandato, si hay financiación, se pueden construir entre 400 y 600 viviendas en esta ciudad. Si el dinero está en el presupuesto de 2020, se podrían empezar a construir las primeras 100 ó 200 viviendas en el segundo semestre de ese año y en 2021 se podría sacar otro proyecto igual", resalta Doreste, quien aclara que esta sería una inversión a añadir a la que está prevista para rehabilitación de vivienda y para concluir la reposición de Tamaraceite y empezar Las Rehoyas. Tampoco es normal, a juicio del edil que no se haya construido ninguna vivienda de promoción pública en venta, una política que se "podría retomar para los jóvenes y la clase media". Urge también, según Doreste, que el Gobierno de España cambie la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los ayuntamientos puedan controlar los precios de los alquileres.