El cese de Carlos Saavedra Brichis como jefe de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria anunciado a principios de semana está fundamentado en "la pérdida de confianza". Así lo explicó el alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, durante la inauguración de la nueva sede de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) y así lo avala el informe elaborado por el concejal delegado de Seguridad y Emergencias, Josué Iñíguez, que argumenta la decisión del Consistorio de reestructurar la cadena de mandos del cuerpo de seguridad que ahora encabeza de forma accidental Carmen Delia Martín Mederos. La destitución no ha estado exenta de polémica, aunque la incorporación de la nueva jefa ha sido bien recibida y valorada por sus compañeros, tal y como quisieron manifestar a través de un comunicado desde la Asociación de Jefes y Subjefes de Policía Local de Las Palmas (Ajepol).

Fue en 2016 cuando Saavedra Brichis tomó posesión del cargo que ha ostentado hasta hace unos días, tras la jubilación de su antecesor, Francisco Javier Henríquez. Hasta ese momento, había ejercido como comisario principal, puesto al que está previsto que regrese ahora, según recoge el citado documento redactado, y al que accedió hace más de una década después de que la exalcaldesa y actual portavoz del PP, Pepa Luzardo, convocase durante su mandato dos nuevas plazas para este oficio.

De este modo, la Policía Local pasó a tener tres profesionales con el mismo rango, ya que entre ellos también estaba Zenón Sánchez Espino. Ante semejante situación, en 2010, el por entonces regidor municipal, Jerónimo Saavedra (PSOE), convocó un concurso para elegir al jefe máximo del cuerpo. El cargo lo terminaría revalidando Henríquez, por lo que Saavedra Brichis decidió impugnar el proceso ante los tribunales, al considerar que las bases omitían algunos requisitos establecidos por la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

A pesar de ello, el antecesor de Carlos Saavedra continuaría más de un lustro más al frente de la jefatura. Un tiempo en el que se produjo, por ejemplo, la colocación de más de 400 multas en una sola noche en el barrio de Guanarteme de la que ningún mando quiso hacerse responsable cuando el Ayuntamiento solicitó un informe.

El nombramiento en 2016 de Brichis como nuevo jefe de la Policía Local de la capital también estuvo marcado por los tribunales. Y es que los comisarios José Luis de Los Reyes Almeida, Rosa María Rodríguez Arteaga (actual jefa de Bomberos) y la recién nombrada jefa del cuerpo de seguridad, Carmen Delia Martín, interpusieron una demanda al considerar que se vulneró su derecho a optar a la plaza, ya que no se convocó ningún concurso. Dicha denuncia fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número tres de Las Palmas en mayo de 2017. Casi un año después, una sentencia anulaba la designación de Saavedra Brichis.

No obstante, el cese del ya exjefe del cuerpo de seguridad municipal llegaba hace solo unos días, amparado en el informe presentado por Josué Iñíguez y respaldado por el propio alcalde en el que se esgrimen varios de los argumentos que han llevado a tomar esta medida que, ante todo, está fundamentada en la quiebra "de toda confianza" hacia Brichis, tal y como se alude varias veces en el texto. Un hecho que se remonta al mandato anterior, explica el edil, quien a su llegada fue informado sobre la situación de "extrema delicadeza".

Una afirmación que, según el informe, se basa en la documentación existente que constata "de forma continuada desobediencia a las órdenes verbales y escritas que se le dan (a Brichis), de manera ostensible y reiterada" o "amenazas, veladas en unos casos y expresas en otros, de formular denuncias ante otras instituciones públicas orientadas a obtener la suspensión de actos o eventos previstos por la Corporación en beneficio de sus ciudadanos, sin proporcionar alternativas o posibles que permitan superar los posibles obstáculos". Recordando, en este sentido, el informe elaborado por el anterior jefe en el que, acorde a la ley, denunciaba los riesgos de seguridad de la Gran Cabalgata por la falta de personal ante el impago por parte del Ayuntamiento de las horas extras. Este sería uno de los numerosos documentos "negativos" que Saavedra habría emitido sobre "prácticamente todos los eventos que se celebran en el municipio" por lo que sería una "actuación de manifiesta deslealtad institucional", recoge el texto.

Durante el presente mandato, el informe municipal también alude a la queja de los representantes sindicales de no haber sido atendidos por la Jefatura, a pesar de ser algo que "en reiteradas ocasiones" se le indicó que hiciera. Lo que se suma a que "gran parte de las órdenes trasladadas desde la Concejalía a la Jefatura de Policía Local han sido obviadas de forma reiterada", como las "dadas en asuntos referentes a los agentes de Movilidad".

En el documento también se mencionan las "peticiones de informes cursados desde la Concejalía de forma reiterada y por escrito que no han sido atendidos" por el que fuera el jefe del cuerpo, o la contestación por su parte y directamente a otros organismos públicos, sin dar cuenta y ponerlo en conocimiento del área que dirige Iñíguez.

También se le achaca "realizar informes sin que se le hayan solicitado, con la gravedad de trasladarlos a otras Administraciones sin la autorización de la Concejalía" como el que emitió a la Fiscalía en relación con el FiestoRon (que se realiza en Arucas), así como de "pasar a la firma asuntos de máxima importancia sin hablarlo antes, de modo que si en la confianza se hubiese firmado hubiesen generado un serio problema con la plantilla de la Policía Local".