Los empresarios reunidos en torno a la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas pidieron ayer a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que promueva una modificación legal que impida que las bajas temerarias influyan en la media aritmética utilizada en los criterios económicos de las licitaciones públicas de la institución. Su inclusión afecta al nivel salarial de los trabajadores, a los riesgos laborales y al tejido productivo de las Islas, según denunció la presidenta de la patronal constructora, María de la Salud Gil, ante Luis Ibarra. El presidente de la Autoridad Portuaria se comprometió con los constructores a elevar la propuesta a Puertos del Estado, que tiene la última palabra a la hora de modificar los criterios de valoración de los pliegos.
Los constructores apuntan en concreto a los contratos de conservación y mantenimiento, que "son estables y continuados en el tiempo, lo que da estabilidad y seguridad financiera con la que las empresas pueden seguir invirtiendo", en palabras de Gil. La Autoridad Portuaria de Las Palmas ya aplica esta medida en las obras nuevas, tras una petición realizada en su día por la misma patronal que fue finalmente aprobada por Madrid. Ahora espera poder replicar el modelo con este tipo de proyectos. Ibarra coincide en señalar la pérdida de calidad que pueden suponer las bajas temerarias y señala a efectos concretos, como su influencia negativa en el salario de los trabajadores.
Gil destacó el papel del Puerto como "un gran órgano inversor" y "el único que paga fielmente sus facturas", por lo que abogó por continuar el diálogo con sus responsables en este y otros temas. Durante la reunión mantenida en la mañana de ayer, empresarios y administración trataron también asuntos como las obras incluidas en el plan de inversiones o las soluciones a las congestiones de tráfico habituales a la entrada y salida del recinto portuario.
